La dimisión del alto funcionario federal —cuya destitución fue exigida en abril pasado por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— fue aceptada por la procuradora general de México, Arely Gómez González, quien "aceptó la renuncia del licenciado Tomás Zerón de Lucio al cargo" de director en jefe de la AIC de la PGR, dijo la institución en una tarjeta informativa.
El funcionario estuvo a cargo del caso de la masacre de estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, saldada hace casi dos años con seis muertos, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero (220 kilómetros al sur de la Ciudad de México), de quienes, hasta esta fecha, solo uno ha sido identificado en restos humanos encontrados.
Brazo derecho de la Fiscalía
La AIC, brazo derecho de la procuradora, está integrada por tres instituciones estratégicas de la Fiscalía federal: la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
La funcionaria simplemente le deseó al renunciante "éxito en sus proyectos personales y profesionales", de acuerdo con el escueto texto informativo.
Zerón de Lucio fue acusado por el GIEI de haber "alterado la escena del crimen" donde supuestamente fueron asesinados e incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
Aquel día, Zerón encontró la presunta pieza crucial del rompecabezas de la llamada "verdad histórica oficial", cuando subió a un helicóptero federal a un imputado, que la madrugada de ese día había confesado bajo tortura su participación en el asesinato e incineración de decenas de cuerpos en el basurero del pueblo de Cocula, en una pira que hasta la fecha genera controversias entre los peritos, según el GIEI.
El renunciante queda en los registros de los organismos humanitarios como un "sospechoso de manipulación de evidencias en el Caso Ayotzinapa, y retrata una lamentable cultura de la ilegalidad para esclarecer crímenes de Estado", ratificó este miércoles a Sputnik Nóvosti la defensora de DDHH Rocío Culebro.
Un paso obligado
La renuncia "es un paso en la dirección correcta, aunque tardío, ha sido forzado por el fracaso de dos años de investigaciones en un tema de la máxima prioridad nacional e internacional", dijo Culebro, directora del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia.
Zerón actuó sin asistencia legal y sin respetar los estándares de cadena de custodia, según los organismos humanitarios.
Un día después de aquella diligencia, comenzó la actuación legal: buzos de la Marina encontraron los restos, de donde salió un fémur que permitió identificar al único estudiante a la fecha, en un laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.
Los forenses argentinos dijeron ante el reporte del jefe de la AIC que en México "se ha consolidado el señalamiento de que existe un interés inexplicable en forzar una línea de investigación de manera parcial, que termina en el basurero de Cocula y se pierde en las aguas el río San Juan".
El caso muestra una conducta sistemática en el país latinoamericano: "la alteración de evidencias, el incumplimiento de actuaciones en el expediente, la usurpación de funciones son gravísimas", puntualizaron.
Zerón fue sometido a una investigación interna de la PGR por ese caso, pero nunca se dictaminó ni se anunció un resultado, hasta la renuncia.
