"La familia de (Marcelino Medellín Narváez) exconcejal y sindicalista, que además terminó siendo víctima de desplazamiento forzado, interpuso una demanda con la esperanza de recibir una reparación de parte de las entidades del Estado, 20 años después de ocurridos los hechos", señaló el Consejo de Estado en un comunicado.
Medellín Narváez fue elegido concejal del municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia (norte) para los períodos 1992-1994 y 1994-1996, pero tuvo que renunciar a su cargo por las amenazas de grupos paramilitares que delinquían en la región.
Poco tiempo después, el hombre fue asesinado en una vía de Antioquia por dos hombres que le dispararon desde una motocicleta, lo que llevó a sus familiares a abandonar la región.
El asesinato de Medellín Narváez es uno de los casi 5.000 de dirigentes y simpatizantes de la UP entre las décadas de 1980 y 1990, cometidos por grupos paramilitares en connivencia con fuerzas del Estado.
La semana pasada, el Estado reconoció su responsabilidad en la muerte de esas 5.000 personas y se comprometió a impedir que semejantes acciones se repitan en una fuerza política como la que aspiran a crear las FARC, en trance de desmovilizarse y dejar las armas tras firmar la paz con el Gobierno.
