El perdón supondría un buen broche final a la Presidencia de Barack Obama, llena de luces y sombras. Desgraciadamente, lo más probable es que eso no ocurra. Obama no le concederá la amnistía porque su Administración no le considera un informante y sostiene que puso en riesgo la seguridad nacional y la vida de sus compatriotas.
La historia de este consultor informático de 33 años es tan fascinante que ya ha sido llevada a la gran pantalla, lo que parece lógico pues cuenta nada menos sobre la mayor violación de seguridad ocurrida en toda la historia de EEUU. La película se hizo realidad de la mano del conocido director Oliver Stone, incansable narrador de relatos comprometidos.
El futuro de Snowden sigue siendo muy incierto. Para unos es un traidor; para otros, un héroe. Aprovechando el tirón promocional de la película de Stone, dos grandes organizaciones globales defensoras de los derechos humanos: Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han lanzado una campaña conjunta: www.PardonSnowden.org, donde solicitan a Obama que indulte al informante. Notorios personajes norteamericanos se han adherido a esta idea, así como algunos periódicos influyentes como The New York Times. Sin embargo, el Washington Post, cuyos periodistas ganaron el premio Pulitzer precisamente por airear este escándalo, se ha situado en el bando opuesto y prefiere ver a Snowden entre rejas. Una actitud hipócrita y deshonesta que supone un triste capítulo en la historia de los medios de comunicación de EEUU, pues no solo no protege a su fuente primaria —regla básica del periodismo— sino que además promueve su encarcelamiento.
Nadie duda de que Snowden cometió un grave delito, pero sus motivaciones no fueron interesadas ni espurias sino patriotas y nobles. Por eso es tan significativo que no se haya podido demostrar que es un espía extranjero, como muchos preferirían. El propio exsubdirector de la NSA, Chris Inglis, uno de los altos cargos que tuvo que sofocar los "daños colaterales" provocados por sus informaciones, no cree que trabaje o trabajara para los servicios secretos rusos o chinos porque no han encontrado pruebas de ello. Inglis no puede imaginar que su plan A fuera ir a Rusia. Lo más plausible es que su destino final fuera Ecuador, el país que le facilitó un documento de viaje cuando Washington le invalidó su pasaporte en Hong Kong y se vio atrapado en el aeropuerto de Moscú.
Antes de dar los documentos a la prensa, Snowden denunció a dos superiores las irregularidades que estaba observando desde su puesto. La NSA, para quien trabajaba como contratista, no como empleado, argumenta que no hay pruebas de que Snowden hiciera eso. La agencia no reaccionó a su denuncia, probablemente porque pensaba —o quería pensar— que todo lo que hacía era correcto.
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La Ley de Espionaje de 1917, promulgada en la época de la Primera Guerra Mundial, no tiene en cuenta si la filtración de información se llevó a cabo en favor del interés público ni cuáles fueron las motivaciones del informante. Lo único que importa es si las fugas fueron compartidas con alguien no autorizado a recibirlas, independientemente de si esa persona era un país extranjero o un periodista.
¿Qué significa eso? Pues que el jurado nunca escucharía sus razones patrióticas: informar a la sociedad estadounidense de lo que su Gobierno estaba haciendo en secreto, sin su conocimiento ni su consentimiento. Tampoco escucharía que sus revelaciones condujeron a una reforma en el Congreso o que los programas de vigilancia masiva denunciados fueron posteriormente declarados inconstitucionales. Todo eso sería considerado irrelevante e inadmisible durante el juicio. En este sombrío contexto judicial, Snowden se enfrentaría al menos a 30 años de cárcel. Y posiblemente las autoridades aumentarían las acusaciones, lo que le llevaría a soportar incluso cadena perpetua.
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Snowden se enfrentó a la verdad. Con valentía y responsabilidad. Y no merece tan grande castigo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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