Pese a que muchas naciones mantienen reclamaciones territoriales sobre partes del territorio antártico, los 14 millones de metros cuadrados del continente blanco son oficialmente tierra de nadie. Por esa razón, la Antártida está regida a nivel jurídico por el Sistema del Tratado Antártico (STA), un conjunto de acuerdos firmado por 52 países que tienen en mayor o menor medida intereses en la región.
Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en el caso de un delito, los directores de las bases estadounidenses en la Antártida son entrenados y tienen reconocimiento legal como agentes del Cuerpo de Alguaciles de EEUU, institución que ejecuta las órdenes de los tribunales federales del país norteamericano. La mayoría de los directores de las bases de otros territorios tienen autoridad similar con arreglo a las leyes de sus propias naciones.
Oficialmente, nunca se ha producido un homicidio en la Antártida. Sin embargo, las circunstancias de la muerte de Rodney Marks, un astrofísico australiano, en la base estadounidense Amundsen-Scott el 12 de mayo del 2000, no han sido todavía completamente esclarecidas. Muchos creen que el científico fue asesinado.
La autopsia del cadáver del astrofísico reveló que la causa de su fallecimiento había sido envenenamiento por una dosis letal de metanol. Las autoridades dudan que lo ocurrido fuera un accidente, pero la falta de cooperación por parte de las autoridades de EEUU ha puesto piedras en el camino que han impedido que el caso pudiera ser resuelto. Hoy, más de 16 años después del incidente, sigue siendo una incógnita qué sucedió exactamente.