El miércoles 28 de septiembre la jueza María Luisa Ramos decidió llevar el archivo a su casa para estudiarlo, y mientras viajaba en su auto fue capturada por hombres armados que robaron su vehículo y el expediente.
"Las autoridades hondureñas deben investigar de manera prioritaria el robo del expediente y las condiciones en las que sucedió, así como tomar medidas adecuadas y eficaces para evitar la repetición de tales hechos", señaló Forst.
Forst llamó a las autoridades hondureñas a "actuar con profesionalidad, transparencia e independencia en la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres".
El relator especial de la ONU reiteró el pedido de que el Estado hondureño acepte un comité independiente de expertos que había propuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para colaborar en la investigación.
"El caso de Berta Cáceres es un ejemplo del nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras y, en particular, las mujeres defensoras", dijo Forst.
Cáceres, una reconocida dirigente indígena, fue asesinada a balazos el 3 de marzo en el interior de su casa, pese a las medidas cautelares vigentes de la CIDH, un mecanismo de protección que se aplica a personas amenazadas.
Este país centroamericano es el más peligroso del mundo para los ambientalistas, según la organización no gubernamental Protection International, pues además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas e intimidaciones que quedan impunes.
Datos de otras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2010 y 2015 fueron asesinados en el país centroamericano 109 ambientalistas.
