"Esta demanda fue por 65 millones de dólares y se presentó el viernes a última hora", explicó Maril, de la consultora Research for Traders.
El fondo de inversiones presentó su demanda casi siete meses después de que el Gobierno de Mauricio Macri anunciara un arreglo con los principales fondos buitre por los bonos de su deuda no reestructurada que quedaron en suspensión de pagos tras la crisis de 2001.
Esas querellas están cuantificadas en unos 1.500 millones de dólares en total.
Los títulos que reclama el fondo Bainbridge fueron emitidos en 1994.
El 22 de abril, el juez estadounidense Thomas Griesa levantó las medidas cautelares que impuso contra Argentina en 2014 para impedir que el país pudiera pagar a los bonistas que reestructuraron su deuda en los canjes de 2005 y 2010.
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Desde que se levantaron esas medidas cautelares, "han aparecido unas cinco demandas nuevas de fondos que nunca presentaron demandas durante el proceso previo", detalló el economista.
Esas denuncias pertenecen al pequeño grupo de fondos buitre que no reestructuraron su deuda durante los canjes de 2005 y 2010 que ofreció primero el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), y luego el de Cristina Fernández (2007-2015), y que tampoco arreglaron con el actual Ejecutivo en abril de este año.
Es difícil que la demanda prospere, explicó Maril.
Lo más probable es que "tarde o temprano acuerden con Argentina la propuesta vigente que está en la mesa de todos los acreedores", y que les concede en ganancias "un 150% del capital que tenían invertido".
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"Yo conozco acreedores que no quieren ese 150%, y que quieren seguir litigando en las cortes de Estados Unidos", añadió.
Esos bonistas tenían en sus manos el 7% de los títulos que habían quedado en suspensión de pagos tras la crisis de 2001.
Para pagar a los acreedores, y hacer frente a otros pagos, el Ejecutivo emitió en ese momento 16.500 millones de dólares de deuda a una tasa promedio del 7,2%.
El otro 93% de los títulos fue reestructurado durante los canjes de 2005 y 2010.
La deuda que quedó en suspensión de pagos tras la crisis de 2001 se aproxima a unos 100.000 millones de dólares.
