El acuerdo de recompensa económica publicado en el Diario Oficial de la federación mexicana, "busca estimular la participación social en el combate a la delincuencia", dijo la Procuraduría General de la República (PGR).
El gobernador electo que asumirá el cargo en diciembre, Miguel Ángel Yunes —que ganó al frente de una coalición opositora de centroderecha y centroizquierda—, acusa a Duarte por la malversación de 50.000 millones de pesos de fondos públicos (unos 2.500 millones de dólares).
La primera orden judicial de arresto conocida es solo por una red de empresarios y prestanombres para desviar 500 millones de pesos del erario (más de 25 millones de dólares), para comprar terrenos y propiedades en México y EEUU a nombre de testaferros.
El acuerdo firmado por el nuevo procurador general, Raúl Cervantes, convoca a la sociedad a proporcionar información "que conduzca a conocer el paradero del gobernador con licencia del estado de Veracruz, para su detención".
El gobernador Duarte llegó al cargo postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante), cuyo mandato de seis años terminaba en diciembre de este año, pero solicitó permiso para enfrentar los cargos al Congreso de ese estado del sureste mexicano, con costas al Golfo de México, y dos días después se esfumó.
En fuga
El gobernador electo Yunes que derrotó al PRI por primera vez en Veracruz en 88 años, al frente de una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN, centroderecha) y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), afirma que Duarte se fugó en un helicóptero oficial hacia el norte del país, con presunto destino a Canadá.
La Fiscalía federal dice que la recompensa es una herramienta eficaz para el auxilio de las investigaciones del Ministerio Público "localizar, detener o aprehender a probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, atentan contra la tranquilidad y paz pública".
Las autoridades judiciales buscan así la participación legal de la sociedad en el combate a la delincuencia "en condiciones tales que incentiven su colaboración con la procuración y administración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias que presten auxilio a la autoridad".
La oferta de la recompensa estará vigente hasta que haya sido localizado, detenido o aprehendido el gobernador con licencia, Javier Duarte.
Otro destacado político prófugo, Guillermo Padrés, quien fue gobernador del norteño estado de Sonora (2009-2015) por el PAN, acusado por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito de 8,8 millones, se entregó el jueves al juez de la causa.
Tres exgobernadores más, señalados por corrupción y correligionarios del presidente Enrique Peña Nieto en el PRI, son Rodrigo Medina, que gobernó el norteño Nuevo León (2009-2015), Roberto Borge que gobernó Quintana Roo, donde está el balneario caribeño de Cancún (2011-2016), y César Duarte en Chihuahua, fronterizo con EEUU (2011-2016).
