"Es ley el régimen de participación público privada", anunció en un comunicado la Cámara Alta.
Además, una comisión bicameral supervisará esos contratos.
La medida autoriza al Poder Ejecutivo a adjudicar contratos a empresas que puedan hacer frente al financiamiento de grandes proyectos, como acueductos o construcción y reparación de carreteras.
Esta era una de las leyes más esperadas por el Gobierno para atraer inversiones, fomentar los proyectos de vialidad y generar un impulso para la industria nacional y la pequeña y mediana empresa.
El proyecto, que ya había pasado por el Senado, fue modificado y aprobado en la Cámara de Diputados el 2 de noviembre, por lo que tuvo que volver a ser tratada en la Cámara Alta para su sanción.
Resta ahora la promulgación del presidente Mauricio Macri.