El profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola, señala que esta percepción de los españoles acerca de la corrupción política es porque está judicializada. Es decir, al estar en manos de los jueces, el tema está en los medios de comunicación, y por tanto, en la opinión pública.
Para Arriola, el hecho de que la gente opine que la actuación del Gobierno del presidente Mariano Rajoy es mala o muy mala frente a ella, "obedece a dos factores que no tienen por qué estar entrelazados: uno, que la mayor parte de los casos de corrupción que están abiertos en estos momentos, competen al partido del Gobierno, incluso el propio Partido Popular está en sede judicial por haber obstruido la acción de la justicia, por lo cual, el interés partidario que pueda tener por resolver el asunto es más bien escaso, en tanto que es parte de los acusados de corrupción".
El otro factor según el experto, es de tipo más estructural. Y es que el PP siempre insiste en que la corrupción no es una realidad institucional, sino simplemente personal, y se aferra a su discurso: "no existe la corrupción, sólo existen los corruptos, el partido no es parte de una estructura de corrupción, sino que son los militantes del partido que acceden a ciertos puestos y en ellos se dejan corromper".
"El PP tiene un diagnóstico equivocado de la corrupción, porque si algo se está demostrando con esta larga ristra de casos de corrupción política-institucional, es una consecuencia directa de la forma en que se hizo la transición política en España", apunta el analista.
Joaquín Arriola expresa que "si se hace un análisis de quiénes son los corrompedores, que son básicamente empresarios vinculados a sectores muy concretos, el perfil político que tienen muchos de estos empresarios, es un perfil muy afín al Partido Popular. Hay una imbricación estructural de una parte del gran capital español, en particular en los sectores de la construcción, energético y financiero, con el Partido Popular", asevera Arriola.
