"He ordenado intensificar, y con sentido de urgencia y también con más eficacia, todas las medidas para acelerar la implementación" del cese del fuego bilateral con las FARC, en especial en las zonas más afectadas por el conflicto, dijo Santos en una alocución transmitida por la Presidencia de Colombia.
"Es urgente pasar a la siguiente fase: el agrupamiento de las FARC en las zonas veredales de transición. ¿Para qué? Para garantizar el cese del fuego y dar también las garantías a todos los ciudadanos", señaló Santos.
El jefe de Estado colombiano, quien lideró una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos en la Casa de Nariño, tras condenar y rechazar enérgicamente los crímenes de los dirigentes, advirtió: "No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz".
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Además, miembros del Gobierno y la Fiscalía se reunirán semanalmente en consejos de seguridad en los municipios más afectados para hacer seguimiento a la situación.
Santos agregó que le solicitó a la estatal Unidad de Protección de Personas que se reúna con las organizaciones sociales para examinar la situación de seguridad y priorizar los dispositivos de protección.
"Hay que identificar quiénes realmente tienen riesgos", señaló el mandatario.
Las medidas anunciadas por Santos se dan luego de que el pasado fin de semana se presentaron tres asesinatos y dos atentados contra líderes sociales, los cuales se suman a las 200 muertes violentas de defensores de derechos humanos en lo que va corrido del año.
Varios de los actos han sido cometidos contra integrantes y simpatizantes del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica, que lidera la excongresista Piedad Córdoba y que aboga por una pronta implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.
"Son más de 120 integrantes de nuestro movimiento asesinados desde el 2011 y durante este años (2016) han sido asesinados 17 de nuestros compañeros", señaló Marcha Patriótica en un comunicado.
La situación empieza a ser considerada por varios sectores, incluida la guerrilla de las FARC, como "un nuevo genocidio" contra líderes sociales y campesinos, en referencia a los cerca de 5.000 dirigentes políticos y simpatizantes del extinto partido de izquierda Unión Patriótica (UP) que fueron asesinados entre los años 80 y 90 por agentes del Estado en connivencia con la extrema derecha.
