Así definió Ruth Llanos el anuncio a Sputnik. La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) indicó que desde su entidad se sabía que existían esos documentos y desde el fin de la dictadura habían pedido a todos los gobiernos el acceso a los mismos.
"Nunca obtuvimos una respuesta y es por eso que nos llena de esperanzas que el canciller David Choquehuanca haya decidido que su equipo técnico revise toda esa documentación y la desclasifique", precisó Llanos.
"Los documentos que se han desclasificado muestran que parientes y militantes de esa dictadura ocupaban puestos de embajadas y consulados en todos los países que hacían parte del Plan Cóndor. Informaban sobre el accionar de los activistas, la prensa y la iglesia", aseveró Llanos, en referencia a la participación de diplomáticos bolivianos en la coordinación de mecanismos represivos entre algunos países de América Latina en los años 70 y 80.
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Los familiares piden "la creación de un equipo multidisciplinario" para evaluar "con mucho cuidado los documentos" y buscar así "evidencias de todo el mecanismo cruento y sangriento del Plan Cóndor".
Los familiares ahora exigen la "aprobación pronta" de una ley para conformar la Comisión de la Verdad, una iniciativa para investigar, desde el Gobierno, el paradero de los 174 desaparecidos documentados en el país del altiplano. Sin embargo, la sociedad civil estima en "miles" las víctimas de la dictadura.
"Estos casos no cuentan los fallecidos en masacres mineras y campesinas. Las familias nunca presentaron una denuncia", concluyó Llanos.
