El Senado tiene previsto votar la PEC 55, siendo ésta la principal medida económica propuesta por el gobierno de Michel Temer hasta la fecha.
La propuesta quiere modificar la Constitución para limitar el gasto público durante los próximos 20 años, ya que la inversión solo crecería cada año de acuerdo con el porcentaje de la inflación del año anterior.
Brasil amaneció con protestas en al menos siete estados contra la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 55, conocida popularmente como "ley del techo de gastos".
A primera hora de la mañana se registraron protestas en São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco y Rio Grande do Sul; la mayoría cortes de carreteras.
En São Paulo, por ejemplo, varias decenas de integrantes del Movimiento Lucha Popular cortaron cinco carriles de la avenida Senador Toetônio Vilela en sentido centro, aunque sin incidentes.
En Fortaleza (Ceará) y Vitória (Espírito Santo) las protestas estuvieron lideradas por estudiantes y funcionarios de la Universidad Federal de Ceará (UFC) y de la Universidad Federal de Espírito Santo (Ufes), respectivamente.
Para la tarde hay previstas más manifestaciones: en São Paulo la protesta está convocada a las 18 horas bajo el lema "Contra la PEC del fin del mundo".
A la misma hora se celebrará otra marcha en Río de Janeiro, que además de criticar la "ley del techo de gastos" pedirá la casación del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).
El PMDB es el partido del presidente, Michel Temer, y la formación que gobernó el Estado de Río de Janeiro en los últimos años y que según los organizadores tiene la culpa del estado de bancarrota en el que se encuentra el estado.
La desaprobación hacia la "ley del techo de gastos" es mayor entre quienes tienen un nivel de educación superior (68%) que entre los que tienen una formación básica (60%).
Los más jóvenes también son los más contrarios: el 65% de los que tienen entre 16 y 24 años rechazan la medida, frente al 47% de los que tienen más de 60 años.
La PEC 55 ya fue aprobada en el Senado en primer turno y ahora deberá ser aprobada de nuevo por dos tercios de los senadores para que pueda entrar en vigor.
De ser así congelará el gasto público durante los próximos 20 años: el presupuesto del Estado solo podrá crecer cada año de acuerdo al porcentaje de la inflación del año anterior.