Según el Código Penal "quedarán exentos de responsabilidad el loco o demente (…) y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón", recordó el juez Mario Carroza en declaraciones al diario La Tercera.
Los dos militares en cuestión son José Fritz Esparza, de 84 años, y Risiere del Prado Altez España, de 88, ambos exagentes de Pinochet, quienes se encuentran condenados en el penal militar de Punta Peuco, cercano a Santiago, por diversas violaciones a los derechos humanos.
Durante la dictadura los exuniformados formaron parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, la policía secreta del dictador chileno, y fueron inculpados por las atrocidades ocurridas en el centro de tortura y ejecución Villa Grimaldi.
También están acusados de participar en la Operación Colombo, un plan para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores haciendo creer a la opinión pública que éstos habían fallecido en enfrentamientos internos.
Según Carroza, ambos reos estarían con sus "facultades mentales disminuidas", para lo que se espera un informe del Servicio Médico Legal, acerca de sus estados de salud.
"Una vez que tenga esos informes tengo que resolver cuál será el destino de estas personas, si se mantienen ahí o se les aplica lo que señala la ley", argumentó.
El paso siguiente será descifrar si estos reclusos son personas "peligrosas para la sociedad" debido a su condición mental y deben ser internadas en un recinto psiquiátrico, o bien pueden ser entregadas a sus familiares.
De acuerdo a información publicada en La Tercera, el juez Carroza habría tomado esta decisión tras visitar Punta Peuco el pasado 28 de noviembre.
Según el magistrado, de los 116 penados 60 estaban en buenas condiciones de salud, 48 en estado regular, 6 en situación de gravedad y 2 en precaria situación cognitiva.
Este hecho ha causado conmoción en el país, ya que hace semanas se discute si corresponde o no conceder el beneficio de libertad condicional por "razones humanitarias" a una serie de exmilitares presos en Punta Peuco que están con enfermedades terminales o son muy ancianos.
Esta petición ha sido rechazada por las organizaciones de derechos humanos, que denuncian que una decisión de este tipo contraviene el derecho internacional para los casos de crímenes de lesa humanidad.
En Chile actualmente no existe una normativa dentro del Código Penal que permita liberar a un reo por motivos de salud, por lo que la responsabilidad recaería en la presidenta Michelle Bachelet, la única facultada para otorgar un indulto humanitario.
El pasado martes la mandataria dijo que no tenía una "opinión definitiva" sobre el tema, aunque dejó abierta la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios "siempre y cuando los antecedentes entreguen cierto respaldo".
El viernes 23 de diciembre diez condenados de este recinto militar encabezaron una "misa del perdón", en la que expresaron su remordimiento respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura, hecho que fue calificado de "show mediático" por los familiares de las víctimas de la dictadura.
