Este acto de barbarie se produjo en el pueblo boliviano de Caranavi, a unos 156 kilómetros de La Paz, informan los medios locales.
Los dos hombres negaron la acusación de haber querido robar automóviles y afirmaron que estaban en la ciudad para cobrar una deuda.
La abogada de la familia, Roxana Bustillos, condenó este acto y lo consideró una falta de respeto "a los valores humanos, a los derechos y a las garantías constitucionales".
Este no es el primer caso similar que se produce en el país suramericano. El año pasado, hubo al menos 32 linchamientos semejantes.
A menudo, el linchamiento se justifica en Bolivia por ser una forma de "justicia comunitaria", que está contemplada por la Constitución del país. Sin embargo, las autoridades, en repetidas ocasiones, han afirmado que se trata de una malinterpretación de la Ley Orgánica, ya que esta no admite los linchamientos ni la pena de muerte.