El líder indígena era originario de la comunidad Tlatzala, del pueblo Tlapa de Comonfort, Guerrero, y el asesinato es una muestra de la violencia del Estado que continúa en esa región de las montañas de la provincia mexicana con costas al Pacífico, infestada por el narcotráfico, de acuerdo con la denuncia presentada ante el organismo continental.
"Guerrero se sigue caracterizando por sus altos índices de violencia y militarización, sobre todo después de lanzamiento de la llamada guerra contra el narcotráfico", dice un resumen de la demanda entregada en la sede de Washington del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En Guerrero, la entidad con el mayor índice de violencia en el país latinoamericano, incluido el puerto turístico de Acapulco, "desde hace años viene reinando en la zona un clima de impunidad respecto a los abusos cometidos por las fuerzas militares, particularmente en casos de ejecuciones extrajudiciales", según los organismos independientes.
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Varios casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del ejército mexicano han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), máximo tribunal de las Américas al cual pasan los casos examinados por la Comisión continental.
La CoIDH ha sentenciado al Estado mexicano por no garantizar el debido proceso en la investigación y el enjuiciamiento al aplicar la justicia militar en casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por elementos del Ejército.
Muerte en un retén militar
Bonfilio Rubio Villegas fue ejecutado por elementos del Ejército Mexicano en junio de 2009 cuando en un retén militar dispararon contra el autobús en el que viajaba a la ciudad de México.
"Sus familiares tuvieron que emprender una lucha persistente para acceder a la justicia y garantizar que el caso fuera conocido por el fuero civil y no la justicia militar", dice el resumen del caso.
Sin embargo, este esfuerzo denegó la justicia para las víctimas, "debido a que nunca fue requerido a las autoridades que realizaran una nueva investigación independiente y conforme al debido proceso".
Esta petición presentada en representación de Bonfilio Rubio Villegas y de sus familiares expone las violaciones cometidas por el Estado mexicano "al no garantizar el derecho a la vida y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos", dice el documento de los abogados defensores.
El Senado de México discute esta semana una iniciativa de ley que pretenden legitimar la actuación del ejército en funciones de seguridad pública, y el caso del indígena asesinado por militares ofrece "un ejemplo claro de los graves hechos que pueden suscitarse ante una ilimitada legitimidad" para las Fuerzas Armadas en las calles.
Las organizaciones representantes y los familiares del joven Bonfilio Rubio Villegas esperan que esa denuncia contribuya a obtener una investigación independiente e imparcial.
El objetivo es lograr que el Estado mexicano "garantice el debido proceso en el trámite de casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de elementos del Ejército".
