La medida adoptada por el Ejecutivo es "una clara muestra de provocación y de la incapacidad el Gobierno de resolver los problemas de manera pacífica", señaló el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, durante una rueda de prensa.
El pasado 14 de diciembre, indígenas de la etnia shuar protestaron contra la intervención de la empresa china EXSA, que explora un yacimiento de cobre en el lugar, y reclamaron esas tierras como suyas.
El altercado dejó como resultado un uniformado muerto y siete heridos, tras lo cual Correa decretó el estado de excepción, que se mantendrá al menos hasta el próximo 12 de febrero, a pesar del pedido de las comunidades de desmilitarizar la zona.
El Gobierno acusó a los indígenas de haber usado armas de fuego y dinamita con las que, supuestamente, ocasionaron el fallecimiento y ofreció recompensas a quienes identifiquen a los autores del asesinato.
Sin embargo, los indígenas aseguran que "no hay indicios" de que habitantes de la comunidad hayan sido partícipes del asesinato del uniformado, por lo que piden que se levante el estado de excepción y que se libere a varios de sus compañeros detenidos.
Mediante el documento también se suspende en la localidad el derecho referente a la información del numeral 4 del artículo 165 de la Carta Magna, que se refieren a la libertad de expresión y opinión, a la asociación y reunión, al libre tránsito y a la inviolabilidad del domicilio.
