Según la revista brasilera "Veja", OAS habría costeado un viaje, una charla y un encuentro del exmandatario Lula Da Silva con la autoridad chilena, a cambio de la adjudicación de una licitación; delito que no podría ser castigado bajo la ley electoral, por tener "un plazo de prescripción de un año que ya transcurrió", indicó Abbott a la radio local Cooperativa.
Ante esto, el Ministerio Público señaló que iniciará las investigaciones respectivas al obtener los antecedentes de la denuncia, para encajar el delito como una infracción a la ley de donaciones o como presuntos delitos tributarios, "en el caso de no haber pagado los impuestos correspondientes", remarcó el fiscal.
La publicación apuntó además al excandidato a la presidencia chileno Marco Enríquez-Ominami, a quién OAS habría financiado gastos de campaña también en 2013, por ser considerado "un político prometedor".
El fundador del Partido Progresista de izquierda, declaró como imputado ante la justicia local en 2016 tras haber sido acusado de utilizar un jet privado en un viaje a Brasil, pagado por OAS.
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Desde el Gobierno rechazaron "decididamente" la vinculación de la campaña electoral de Bachelet con la constructora OAS, tal como lo hicieron en marzo pasado, cuando se reveló este asunto a raíz de una acusación de Enríquez-Ominami en contra de la presidenta.
Asimismo, llamaron a los medios de comunicación a no "especular" con el tema y a informar "de manera responsable".
