"He ahí, señores, lo que es, en esencia, la constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país"
Ferdinand Lassalle, abogado y político alemán
Las variopintas reformas que ha sufrido la Constitución mexicana en aproximadamente el 80% de su articulado —en muchos casos los mismos enunciados una y otra vez—, enfrentan las opiniones de quienes consideran que se debe proclamar una nueva Ley Suprema con las de quienes aducen que la aprobada en Querétaro en 1917, tras un par de intensos meses de debates en el actual Teatro de la República, todavía resulta válida, con las adecuaciones pertinentes, para tutelar las circunstancias del México del siglo XXI. Divergencias aparte, la certidumbre es una: desde que en 1921 Álvaro Obregón modificara el artículo 73 de la Constitución —el que se encarga de precisar las facultades que posee el Congreso de la Unión, y el que más cambios ha sufrido en la centenaria historia de la misma; y también, ese mismo año, el decimocuarto transitorio, y luego, ya encarrilado, otros seis más en 1924—, la Carta Magna de México ha sido rehén del gobernante de turno y marcada, en principio, por los setenta años de la primacía de la figura presidencial emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por sobre los poderes legislativos y judicial, escenario político que varió con la alternancia democrática que llevó al Partido Acción Nacional (PAN) al poder en el año 2000, pero no se reflejó en una Constitución que aún estaba por afrontar los mayores "toqueteos" a su "corpus" legal.
De austeros benefactores a desaforados neoliberales
8 de febrero 2016, 08:28 GMT
Una realidad distingue, se insiste, a la Constitución mexicana de 1917 (que sustituyó a la de 1857): ningún presidente se ha resistido a modificarla en mayor o menor cuantía para adecuarla al espíritu de su mandato. De una parte están los "austeros", por llamarlos de algún modo, como Emilio Portes Gil, quien en los dos años de su gobierno (1928-1930) sólo modificó un par de artículos (el manoseado 73 y el 123, que aborda lo concerniente a los derechos de los trabajadores), o como Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), con parejo accionar reformador (los artículos 34 y 115); o como Pascual Ortiz Rubio, quien apenas si reformó cuatro artículos (el 43 y el 45, en dos ocasiones cada uno) a mitad de su bienio (1930-1932); de la otra se encuentran los "desaforados", como el panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien con 110 reformas —una de ellas, hecha en el 2009, instituyó que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República— dejó muy atrás las 77 del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). El actual presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), tiene la equívoca gloria de haber conocido la reforma de 147 artículos hasta mediados de agosto de 2016. Tiene además el récord de ser el mandatario que más modificaciones le ha hecho a la Constitución en un solo año.
2 de septiembre 2014, 03:11 GMT
Las modificaciones hechas a la Constitución mexicana —por cierto, una de las más avanzadas socialmente en su época de gestación al ser hija de la Revolución de 1910— son el vestigio mejor del paulatino tránsito del país hacia el proyecto social neoliberal de la actualidad, el mismo que reemplazó al estado benefactor iniciado en el sexenio del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuya crisis, detonada en la década de los setenta, llevó a que en 1982 México se viera forzado a decretar la suspensión de los pagos de su deuda externa en el ocaso del sexenio de José López Portillo (1976-1982). Fue a partir de su sucesor, Miguel de la Madrid (1982-1988), en cuyo gobierno se modificaron 66 artículos, que se dispararían las reformas constitucionales necesarias para impulsar la agenda neoliberal que continuarían los últimos presidentes priistas del pasado siglo: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien llevó a México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), realizó 55 modificaciones a los artículos de la Constitución, y Ernesto Zedillo (1994-2000) las 77 ya referidas. Vicente Fox Quesada (2000-2006), el presidente de la alternancia, puso algo de cordura con apenas 31 artículos reformados en el sexenio. Hasta que llegaron los frenesís reformistas de Calderón y Peña Nieto y el manoseo constitucional se salió de toda proporción.
Es inevitable que el pluralismo ideológico de las sociedades contemporáneas, su necesaria adaptabilidad a las mutaciones sociales, conviertan a las constituciones, al menos las democráticas, en organismos vivos que deben acomodarse a esos cambios para darles certidumbre legal a los imperativos sociales. Cabe recordar, de la mano del escritor, historiador y político inglés Thomas Macaulay que "la causa mayor de revoluciones es que mientras las naciones avanzan al trote, las constituciones van a pie". De ahí que los cambios más urgentes se deban resolver sin tardanza mediante reformas o enmiendas a la ley fundamental de cada país, pero el paso del tiempo obliga a la promulgación de una nueva Carta Magna si se quiere evitar que termine convertida en una normatividad de difícil comprensión hasta para quienes se especializan en su estudio y aplicación. O bien, como en el caso de la centenaria Constitución mexicana —la más antigua de las vigentes en América Latina y novena a nivel mundial—, termine siendo un objeto que la ciudadanía, su natural beneficiaria, considera ajeno y de uso exclusivo de una clase política erigida —para decirlo a la manera de Lassalle— en "la suma de los factores reales de poder" que rigen en México.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
