El político independentista, que se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la Acusación Popular, admitió ser el responsable político de la consulta, aunque negó haber incurrido en ningún delito.
"Efectivamente, la iniciativa política del 9N fue mía, ya que yo era el presidente de la Generalitat (el Gobierno catalán)", expresó Mas.
No obstante, el expresidente catalán, que afronta una posible pena de inhabilitación para casi diez años y una multa de 36.000 euros, aseguró que, tras la prohibición por parte del Tribunal Constitucional, el formato de la consulta fue cambiado para ajustarse a la legalidad.
Según el político catalán, la consulta "no se habría podido llevar a cabo la consulta sin la participación generosa de 42.000 voluntarios que ayudaron a cubrir con garantías todas las mesas".
Es decir, el exgobernante mantiene que el Gobierno interrumpió los preparativos del referéndum tras conocer la prohibición del Constitucional y que únicamente dio soporte a la sociedad civil, que finalmente fue quien realizó el proceso sin la implicación del Ejecutivo.
"Contrapuse dos deberes: cumplir el mandato parlamentario o atender la resolución imprecisa del Tribunal Constitucional", aseguró Mas.
En cuanto a la idoneidad política del referéndum, Mas defendió que el 9N no fue una "ocurrencia" sino "la consecuencia de unas elecciones democráticas".
"No se trataba de hacer una consulta o proceso participativo con vinculaciones legales inmediatas, sino de conocer la opinión de la gente después de inmensas movilizaciones ciudadanas", detalló el expresidente.
En la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
Otro antiguo miembro del Gobierno catalán, el exconsejero de Presidencia, Frances Homs, afronta también un proceso por la consulta soberanista.
La causa de Homs se produce al margen de la de sus excompañeros dado que actualmente es diputado en el Parlamento español, lo que le confiere una condición de aforado que le protege judicialmente y hace que sólo pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo.
