"Sabemos ahora que el Ministerio de Defensa no realiza ningún esfuerzo rutinario para evaluar cada caso individual… ni analiza las supuestas consecuencias de los ataques, incluidas las víctimas civiles", sostuvo Martin Chamberlain.
Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Rights Watch y Oxfam intervienen como coadyuvantes en este pulso judicial contra el ministro de Comercio Internacional en primer lugar y el resto del Ejecutivo conservador a nivel general.
Dos jueces de la división administrativa presiden el caso que tiene previsto transcurrir en tres jornadas de vistas orales, aunque con la mitad de sesiones a puerta cerrada.
"Es un caso muy fuerte, el abogado lo ha expuesto con efectividad y claridad y probablemente ganaremos", señaló a Sputnik David Glue, simpatizante de CAAT.
El Gobierno conservador británico ha firmado licencias de exportación a este reino árabe por 3.3 millones de libras (unos 4.100 millones de dólares) desde la intensificación del conflicto en Yemen, en marzo de 2015.
El pasado febrero renovó el programa de ventas pese a la oposición y pegas de tres comités parlamentarios y la serie de informes de la ONU y otras organizaciones documentando presuntas infracciones saudís de la Ley Humanitaria Internacional.
"Para ser honesto, y fui muy directo y honesto con el ministro, mi instinto me dice que deberíamos suspender la venta de armas a ese país", escribió Edward Bell, director de la Organización de Controles a la Exportación que asesora al Gobierno.
El mismo responsable comunicó en su recomendación oficial, de febrero de 2016, "inquietudes serias" ante las "reconocidas lagunas de conocimiento sobre los procesos sauditas" en la selección de objetivos y la naturaleza militar de los mismos.
"La alarma debería haber comenzado a sonar bien fuerte", señaló en el letrado en la exposición de los argumentos de los demandantes.
La vista oral continúa esta semana en la sala 27 del Tribunal Superior antes de que el caso quede listo para sentencia, previsiblemente el viernes 10 de febrero.
