Un grupo de 17 gobiernos locales palestinos, 15 rurales y dos urbanos, y tres ONG palestinas de Cisjordania, Gaza e Israel presentaron la demanda contra la nueva norma que legaliza 53 colonias ilegales a ojos de Israel.
Según la ley internacional, todos los asentamientos judíos en territorio palestino están fuera de la ley.
Es bastante probable que el Supremo dé la razón a estos demandantes y a otros que van a presentar recursos en los próximos días.
El propio fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, advirtió de que la ley iba contra los principios de la ley básica israelí y que no la defendería ante el Supremo.