El secretario de Seguridad dijo que estos policías serán acusados de "revuelta", crimen que se configura cuando los policías militares se reúnen, armados, ocupando un cuartel y desobedeciendo la orden de un superior.
Serán juzgados por la Justicia Militar, exponiéndose a penas de ocho a 20 años de cárcel y por el momento se les cortará el salario desde el pasado sábado, cuando empezó la huelga encubierta.
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"Si es necesario expulsar expulsaremos a quien sea necesario", dijo el comandante de la Policía Militar Nylton Rodrigues, mientras que el secretario de Seguridad decía estar dispuesto a realizar un nuevo concurso público para contratar a otros policías.
"Las mujeres y familiares ya están avisados: no van a salir indemnes de esta protesta", avisó Garcia, que no obstante descartó el uso del Ejército o de la Fuerza Nacional para retirarlas de los accesos de los cuarteles.
Garcia subrayó que el estado agotó su capacidad de negociación, porque no puede ofrecer un aumento salarial —los policías piden un 10 % de lo que ganan actualmente— debido a la crisis financiera.
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La huelga encubierta en el estado de Espírito Santo cumplirá este sábado una semana y desde entonces una ola de violencia dejó robos, atracos, saqueos y más de 100 muertes violentas, según un sindicato de la Policía Civil.
El movimiento empezó a contagiarse al vecino estado de Río de Janeiro, que este viernes amaneció con algunos familiares protestando frente a varios cuarteles, pero sin la misma incidencia que en Espírito Santo.
