"No sé por qué nos dicen que nuestras denuncias son mentiras y la cosa no avanza. Hay autoridades corruptas y por eso lo van archivando, porque pruebas hay bastantes, incluso desde el Ministerio de Justicia, que ha registrado víctimas, mujeres y varones. Pero nuestros documentos ahí no más se quedan", dijo a Sputnik Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco.
Zúñiga hizo referencia a la última decisión judicial que archivó el procesamiento contra Fujimori y sus entonces ministros de Salud en julio de 2016. La fiscal Marcela Gutiérrez consideró que no existió un aparato organizado de poder que ejecutara las esterilizaciones forzadas en el marco de la política de Estado implementada. Sin embargo, determinó la continuidad de las investigaciones hacia los profesionales de salud involucrados en los casos no consentidos.
"Todos los médicos y enfermeros trabajaron en ese período de Fujimori lo han negado y entre ellos han tapado todo. Hay algunos que siguen trabajando en algunas provincias, pero el problema es que ellos no quieren decir nada, no quieren ni siquiera mirarnos a la cara o hablar con nosotros. Algunos lo han reconocido, pero se echan la culpa entre ellos: ‘no, yo no he sido, ha sido el otro'. Y se queda en eso", contó.
A la activista y campesina le cuesta hablar sobre el procedimiento violento al que fue sometida para una ligadura de trompas. "Ya hace tanto tiempo que lo venimos contando que ya no queremos recordarlo", remarcó. Algunos relatos dan cuenta de mujeres que fueron atadas y anestesiadas a fuerza, para luego despertarse con un corte. Otras fueron engañadas y otras reportaron haber sido amenazadas, según un reportaje del diario peruano La República.
"Algunas señoras han adquirido cáncer y otras se han muerto en consecuencia de la ligadura, por lo que queremos seguir luchando por justicia y reparación. Todo esto ha sido bastante doloroso para nosotros", agregó.
