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Barcelona se querella contra el fascista que sentenció a muerte un anarquista en 1974

CC BY 3.0 / Oscar Valencoso / Ayuntamiento de Barcelona
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MADRID (Sputnik) — El Ayuntamiento de Barcelona se querellará contra el antiguo auditor de los servicios jurídicos del Ejército franquista, Carlos Rey González, que firmó la sentencia de muerte contra Salvador Puig Antich, un anarquista de 26 años ejecutado en 1974 por el método del garrote vil.

"Llevaremos a los tribunales a uno de los verdugos de Puig Antich, hay que acabar con la impunidad de un crimen abominable", señaló el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens.

Este anuncio llega sólo un día después de que se cumplan 43 años de la ejecución de Puig Antich, militante de la organización anarquista Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que fue ejecutado el 2 de marzo de 1974 tras ser condenado por un tribunal militar por el asesinato de un policía de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán.

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La querella del consistorio catalán irá dirigida contra Carlos Rey González, la persona que firmó la sentencia de muerte, que también está imputado en la causa argentina que investiga los crímenes del franquismo.

"Es la primera vez que una autoridad del calibre del Ayuntamiento se pone de nuestra parte", señaló Merçona Puig Antich, hermana del anarquista asesinado, en declaraciones al diario Público.

Salvador Puig Antich fue la última persona ejecutada por el franquismo mediante el método del garrote vil, un mecanismo consistente en un collar de hierro atravesado por un tornillo que al girarlo producía la rotura del cuello, provocando la mayoría de las veces una muerte instantánea, pero en otras ocasiones dando lugar a situaciones de dolor extremo.

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La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querellarse contra Carlos Rey González se une a otras medidas contra los crímenes del franquismo anunciadas previamente como la personación del Consistorio contra los bombardeos fascistas a la ciudad o su adhesión a la querella argentina.

Jaume Asens explicó que estas decisiones se producen porque "Barcelona es un bastión en la defensa de los Derechos Humanos" y porque "hay crímenes que no se pueden enterrar en las cunetas del olvido".

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