Ese aniversario ha hecho florecer de nuevo el debate sobre si esta bella isla caribeña debe seguir controlada por EEUU, unirse como estado número 51 o buscar la independencia con respecto de Washington. Un plebiscito, fijado ya para este verano, puede poner punto final a esta anomalía colonialista.
Aunque Puerto Rico está sujeto a los poderes del Congreso estadounidense, tiene una Constitución propia que desde 1952 define a la isla como un Estado Libre Asociado. Pero este entramado es todo un contrasentido. Los puertorriqueños poseen una identidad nacional muy arraigada, un idioma materno, una estructura sociocultural muy definida, incluso un equipo olímpico propio. Pero eso no parece ser suficiente para que sean considerados una nación. Y, paradójicamente, aunque detentan un pasaporte estadounidense, no son ciudadanos de EEUU con plenos derechos pues no pueden participar en las elecciones presidenciales —si viven en la isla—, ni tienen representantes con voto en el Parlamento federal. Subyace, por consiguiente, un problema muy serio de identidad que tiene dividida a la población: según una reciente encuesta, el 41% de los puertorriqueños dicen que no son ciudadanos norteamericanos, y el 15% no está seguro. Sólo el 43% responde que sí lo son.
El Congreso de Estados Unidos tiene el poder de frenar cualquier acción que tomen los diputados o senadores locales, además de controlar los asuntos económicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales con ningún país ni recibir en sus puertos barcos con banderas diferentes a las de EEUU. La última evidencia de esta falta crónica de soberanía nacional ha sido la reciente creación de una Junta de Supervisión Fiscal, un organismo impuesto por las autoridades federales para cuadrar las cuentas y superar la enorme crisis financiera que oprime la isla. Y es que Puerto Rico tiene una deuda que alcanza los 72.000 millones de dólares. Pero las relaciones con EEUU son tan absurdas que impiden que Puerto Rico se pueda acoger a la legislación sobre bancarrotas existente en la metrópoli.
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¿Cómo se ha llegado a este increíble callejón sin salida? Ante la ausencia de iguales derechos y deberes, Puerto Rico tuvo que endeudarse en el mercado de bonos para tratar de mantener una calidad de vida aproximada a la que tienen sus conciudadanos en Estados Unidos y frenar así un acuciante éxodo de gente que emigra para buscar mejores oportunidades (de hecho, viven más puertorriqueños en EEUU que en la isla). Así se llegó a la bancarrota, que ya amenaza la viabilidad de los servicios públicos.
Durante décadas, presidentes y congresos convirtieron Puerto Rico en un paraíso fiscal federal de exenciones contributivas sobre ingresos que atrajo a muchos millonarios y empresas multinacionales. Estas prerrogativas fueron un poderoso argumento para mantener el injusto statu quo. Toda su economía giró alrededor de este dudoso privilegio, lo que provocó un desarrollo económico fuerte pero en realidad ficticio. El espejismo se vino abajo cuando EEUU modificó el marco regulatorio y decidió suprimir estos beneficios fiscales al considerar que eran una concesión demasiado "cara". Este cambio de las reglas de juego, más la corrupción y los malos gobiernos puertorriqueños, desencadenaron la recesión, iniciada en 2006, que dio pie a un endeudamiento público incontrolado.
La ley estadounidense describe Puerto Rico como un territorio no incorporado que puede ser tratado desde el punto de vista constitucional como un país extranjero, según les convenga, una contradicción que radica en el fondo de una gama de normas y políticas discriminatorias utilizadas para gobernar la isla y las 3,5 millones de personas que la habitan. Así lo cree el profesor Charles Venator Santiago, de la Universidad de Connecticut. Esta injusta forma de proceder ha lesionado gravemente la estabilidad, el desarrollo económico y la calidad de vida de Puerto Rico, además de suponer una práctica colonialista intolerable que tiene que acabar de inmediato.
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La llave de la solución la tiene el pueblo. Los boricuas tendrán la oportunidad de votar el 11 de junio en un plebiscito no vinculante si Puerto Rico se convierte en un país soberano o en el estado número 51 de EEUU. Si la mayoría se decide por la unión, la pregunta será si el Congreso federal, controlado por los republicanos, les admitirá en la familia. Si los votantes dan la espalda a la metrópoli, entonces se convocará automáticamente un referéndum el 8 de octubre de este año, que decidirá entre la independencia y la libre asociación. En todo caso, ya hubo un plebiscito similar celebrado el noviembre de 2012, donde la mayoría de los puertorriqueños rechazó el actual estatus colonial y donde el 61% se decantó por la unión con EEUU. Transcurridos casi cinco años, Washington no ha hecho nada al respecto. Le conviene mantener las cosas como están, pues favorece a sus empresas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
