"Es un serio llamado de atención a revisar las políticas, la inversión, los programas que se desarrollan para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a suceder, independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que se deduzcan, como sociedad se tiene que accionar para cambiar esta situación", dijo el defensor de la Juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos en el país, Abner Paredes.
El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio rural de San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital, estalló el miércoles cuando algunas niñas prendieron fuego a unas colchonetas.
El fuego se propagó y adolescentes de entre 13 y 16 años quedaron atrapadas hasta que murieron calcinadas.
Aumentan víctimas mortales
En las últimas horas fallecieron varias de las niñas que se encontraban internadas en centros hospitalarios debido a las quemaduras sufridas en el incendio, por lo que ya son 37 las víctimas mortales.
Según el experto, se está valorando trasladar a las jovencitas al Hospital de Niños Shriners de Galveston, en el sureño estado estadounidense de Texas, especializado en la atención de quemaduras infantiles.
El organismo que preside Solórzano inspeccionó varias veces en octubre y noviembre de 2016 el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y comprobó varias irregularidades de seguridad y control del centro.
"Había 67 cámaras (de vigilancia) y en una primera visita que realizamos solo estaban funcionando tres; después de nuestra recomendación en diciembre ya estaban funcionando 50", pero después "se pudo constatar que solo había 40 en funcionamiento, no se tenía el control total del centro", señaló Solórzano.
Además, en esas visitas, las niñas entrevistadas "hablaban de maltratos en el centro", y también se observó hacinamiento, entre otras irregularidades.
La mayoría de los niños son enviados a ese centro cuando la justicia constata que han sufrido situaciones de maltrato o de violencia o que viven en la calle, aunque también comparten el lugar con algunos menores infractores.
"No hay separación de niños por edades, están juntos de 13 a 17 años, y también se tiene que tener en cuenta el perfil psicológico" de cada menor, advirtió Solórzano.
Paredes indicó asimismo que la Procuraduría de Derechos Humanos "recibió en 2016 información y tuvo indicios de que en el centro estuviera operando una red de trata de personas", por lo que trasladó la denuncia al Ministerio Público, ente responsable de una investigación que está en desarrollo.
"Las autoridades deben establecer la responsabilidad directa de quienes se encontraban en el centro", sostuvo Paredes.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió una reforma del sistema de albergues juveniles.
En el país hay 1.500 menores de edad en centros estatales y, de ellos, la gran mayoría tienen familia, dijo Morales.
Mientras, numerosos manifestantes protestaron el jueves de noche frente de la Casa Presidencial y en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura reclamando la renuncia del presidente.
Durante este fin de semana hay convocadas más manifestaciones.
