"El juez Martínez de Giorgi responsabilizó a tres personas por el caso de Ignacio Montoya Carlotto", informó el Centro de Información Judicial en su página web.
La investigación se originó en 1991 por iniciativa de la propia Estela de Carlotto, que denunció que en 1978 su hija Laura había dado a luz a un niño mientras estaba recluida en un centro clandestino de detención de la provincia de Buenos Aires conocido como La Cacha.
Tras nacer en cautiverio y ser separado de su madre, Montoya Carlotto fue dado en adopción a Hurban y a Rodríguez, que adulteraron su identidad al llamarlo Ignacio Hurban con la complicidad del médico que firmó el acta de nacimiento apócrifo, Julio Sacher, también procesado.
El juez dictó la prisión preventiva y un embargo de 20.000 pesos (1.290 dólares) para cada uno de los acusados, pero accedió a que prosigan en libertad hasta que la sentencia esté firme.
"No sé qué va a pasar si van presos, sería terrible y devastador", reconoció Montoya tras conocer la noticia.
El nieto de Abuelas se manifestó "plenamente convencido de que deberían estar libres".
"Yo crecí sin saber nada, me creí siempre hijo biológico de ellos y estaba bien así", comentó el joven en la emisora Radio Con Vos.
"Los trato como tales", aseguró.
Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos que intenta restituir a sus legítimas familias los 500 bebés que fueron sustraídos y dados en adopción ilegal por cómplices o agentes de la dictadura.
La entidad ha encontrado hasta ahora 121 nietos que fueron separados de sus progenitores, desenmascarando el plan sistemático de apropiación de hijos de opositores políticos que tuvo lugar durante el terrorismo de Estado.