"Lo que hace es destruir a la Universidad de Puerto Rico; lo que va a suceder es que se va a reducir la oferta por parte de nosotros a los estudiantes y eso significa que menos estudiantes van a poder acceder a la educación pública (…) y en conclusión habrá más estudiantes que estarán emigrando a los Estados Unidos para buscar oportunidades de empleo", dijo la profesora e investigadora de la Universidad de Puerto Rico.
Sin embargo, ese ajuste podría reducirse casi a la mitad con una serie de partidas planteadas por el Poder Ejecutivo.
Esas partidas que incluyó el gobernador Ricardo Rosselló en una carta dirigida a la JSF incluyen desde 100 millones de dólares en fondos nuevos para el año 2021 hasta la transferencia al centro docente de 50 millones en ahorros que generaría el nuevo modelo de plan de salud, entre otros, informó el diario El Nuevo Día.
Para Quiñones, el ajuste no contribuye con el desarrollo de Puerto Rico, un país que no es independiente sino un estado libre asociado a Estados Unidos.
"Están atentando contra el desarrollo al eliminar el dinero de la educación y el dinero de la salud también, y el dinero de vivienda, para dedicárselo y dárselo a contratistas extranjeros que en nada van a beneficiar a la isla", sentenció.
La investigadora insistió en que se está trabajando "con el área fiscal para recuperar dinero para pagar la deuda y para pagar también a unos contratistas extranjeros que van entonces a negociar la deuda de Puerto Rico sin consideración de la situación" de la isla.
La JSF ha dicho que busca reducir la burocracia de la Universidad de Puerto Rico y que esta debe reducir en 50 por ciento sus programas de estudio.
La dirección interina de la casa de estudios anunció que tiene de un plazo hasta el 31 de marzo para determinar qué programas serán dados de baja en el periodo 2018-2019, informó El Nuevo Día.
"Estamos de acuerdo en que hay que reducir la burocracia en la Universidad, pero estos recortes no los resuelven, al contrario, lo que hacen es eliminar 8 de los 11 recintos que tiene la URP y eliminar los grados que tienen las licenciaturas que tienen cada uno de los otros recintos que quedan", explicó Quiñones.
Otra opción que maneja la JSF es privatizar la educación, cobrando una matrícula según los ingresos.
Aunque los profesores respetan la decisión de los estudiantes, están buscando "otras alternativas viables" y tratan "de impulsar de que reconozcan esta voz diversa" que existe en la Universidad de Puerto Rico, aseguró la doctora en economía y planificación.
La deuda de Puerto Rico con tenedores privados es de unos 70.000 millones de dólares.
El país es un estado libre asociado de EEUU desde 1952.
