Una acusación judicial indica que los pagos a Lozoya —quien estuvo al mando de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016—, "funcionarían como una contrapartida a indebidos beneficios obtenidos por Odebrecht", dice un documento del Supremo Tribunal de Brasil que contiene la acusación, cuya copia obtuvo el organismo ciudadano Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Ese pasaje es parte de un extenso documento firmado el 4 de abril de 2017 por el relator del Supremo Tribunal brasilero, el ministro Edson Fachin, en Brasilia.
Tanto Pemex como la Fiscalía federal de México han declarado secretos los documentos de la investigación, por 20 años y cinco años respectivamente, y la petrolera estatal se negó a dar los nombres de los funcionarios que habrían recibido 10,5 millones de dólares en sobornos, como confesaron Marcelo Odebrecht y otros altos cargos de la compañía en juicios en EEUU y Brasil.
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"Esa negación de la información contraviene el Artículo 115 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, según la cual no se puede reservar la información cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción", dijo a Sputnik la investigadora del MCCI Fernanda Gómez Abán.
Lozoya envió una carta a la publicación brasileña, en la que afirma que la nota periodística "señala tendenciosamente y falsamente que incurrí en actos ilegales como director general de Pemex".
Trama explosiva y control de daños
El encargado de Odebrecht para el pago de sobornos "reportó la solicitud en noviembre de 2014, para hacer pagos ilícitos, con valor de cinco millones de dólares, a Emilio Lozoya", entonces titular de Pemex, dice el documento firmado por un ministro del Supremo Tribunal.
"La solicitud habría ocurrido durante una reunión programada por Luis Weyll, exdirector superintendente de Odebrecht en México, autorizado por Luiz Mameri, líder de la empresa en América Latina", dice el documento judicial rastreado por MCCI.
La acusación no indica quién solicitó el pago ni cómo se concretó.
Lozoya envió otro mensaje a la agencia Bloomberg y El Financiero de México, afirmando: "No he solicitado ni he recibido dinero ilegal".
"Es una calumnia y difama a mi persona y mi familia, y me reservo las acciones legales contra quien incurra en calumniarme sin fundamentos jurídicos", advirtió.
Lozoya estuvo al frente de Pemex cuando Odebrecht recibió contratos directos de la petrolera por unos 1.000 millones de dólares.
El MCCI afirma que es ilegal clasificar como secretas las investigaciones, como hizo Pemex y la Fiscalía mexicana esgrimiendo los artículos 99 y 105 de la Ley de Transparencia de México, para borrar los nombres de los firmantes de los contratos.
"En pocas palabras, esos artículos establecen los criterios por los cuales se puede reservar la información y descarta los casos de corrupción", explicó a esta agencia Gómez Abán del MCCI.
"Los criterios son, básicamente, por temas de seguridad nacional, riesgos de salud o seguridad (personal), temas procuración de justicia, estrategia económica o financiera, bajo esos términos se clasificó la información", dice la académica posgraduada en la Universidad de Columbia, Nueva York.
"Sin embargo, todas esas causales tendrían que tener fundamento y motivación, por ello, podemos establecer un recurso legal de revisión en contra de la clasificación", adelantó la investigadora.
La operación acarajé
"Pemex nos comunicó que han sido clasificados por tres años, mientras dura la investigación federal, y el contenido de uno de ellos será secreto por 20 años", dijo el 2 de marzo a Sputnik uno de los autores de la pesquisa del MCCI, Raúl Olmos.
Los investigadores hicieron la solicitud, cuando el departamento de Justicia de EEUU sacudió a Latinoamérica al revelar la sanción de 3.500 millones de dólares impuesta a Odebrecht por 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido México.
El 5 de este mes, luego de que el Congreso de México denunció las negativas de Pemex a ofrecer información al MCCI, y de la fiscalía federal a entregarla al diario La Jornada, Pemex publicó los contratos, pero con los firmantes tachados.
El acusador de Lozoya era el operador del "departamento de sobornos" de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas.
La investigación independiente encontró que esa persona había negociado otro soborno desde México con Roberto Prisco Ramos, entonces director de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht.
La Policía Federal de Brasil rastreó los correos electrónicos en los que Prisco Ramos le pedía a Mascarenhas, la entrega de más de 50 "acarajés", nombre encubierto de los sobornos, unos panecillos brasileros típicos, elaborados con frijol y rellenos de otros ingredientes.
"Tío Bel (pseudónimo de Macarenhas), ¿puede usted conseguirme más de 50 acarajés el día 4 (de febrero) por la tarde en la oficina de OOG en Río?", (…) estoy en México, pero vuelvo por la mañana del día cuatro", preguntó Prisco, el 27 de enero de 2014.
"OK programado. Sus acarajés llegaron calientes", respondió el "Tío Bel".
