El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet debe "presentar con premura y dar prioridad a la tramitación de un proyecto de ley de migraciones que garantice los derechos humanos de las personas migrantes", declaró la organización en un comunicado.
Amnistía lanzó la campaña comunicacional "Chile sin barreras", que tiene también por objetivo sensibilizar al Parlamento y a la ciudadanía respecto de las "continuas vulneraciones que sufren las personas extranjeras que residen en el país".
Actualmente, con este decreto ley aún vigente, son 465.000 los extranjeros que habitan en el país sudamericano, siendo víctimas de "graves vulneraciones" en materia de acceso a derechos y discriminaciones en su vida cotidiana.
En esta línea, Amnistía denunció "arbitrariedades en las fronteras, dificultad en el acceso a diversos derechos sociales, problemas para validar estudios, niños y niñas con matrículas provisorias, explotación y condiciones laborales deplorables y hacinamiento", entre otras penurias que sufren los inmigrantes en Chile.
Añadió que esta normativa tiene una visión "economicista" de la migración y considera básicamente a los extranjeros como "fuentes de trabajo", anulándolos como sujetos de derechos y dejándolos finalmente "a merced del mercado laboral".
La reforma a la legislación migratoria formó parte de la campaña electoral de la presidenta Bachelet y supone una de las promesas fundamentales de su Gobierno.
La entrega del mencionado proyecto de ley estaba fijada para marzo pasado, pero se atrasó a raíz de un cambio de agenda en el Ejecutivo.
Chile ha ido aumentando progresivamente la cantidad de personas migrantes de diversas nacionalidades, en su mayoría de países de la región, duplicándose en un periodo de 10 años.
