"Eso se demora al menos tres meses de escritura, ojalá que menos; vamos a hacer los esfuerzos posibles, a ir informando en la medida que avancemos", señaló el secretario de Estado a la radio local ADN.
El pasado 12 de abril la presidenta Michelle Bachelet anunció por cadena nacional la implementación de un nuevo mecanismo de ahorro, que incrementaría las jubilaciones 20% promedio inicialmente, y en hasta 50% cuando la regla esté en funcionamiento.
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Actualmente, son 10 millones de chilenos afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).
Del total de jubilaciones que pagan estos fondos de carácter privado, 90% son inferiores a los 220 dólares, lo que equivale a 60% del salario mínimo establecido.
Este "sistema de ahorro" colectivo se divide en un 3% dirigido a las cuentas personales de los trabajadores y sería un monto heredable.
El 2% restante iría a parar a un seguro de ahorro colectivo de carácter "solidario", para ayudar "a quienes logran un menor ahorro y tienen pensiones más bajas".
Valdés aseguró que el Gobierno posee el diseño de la propuesta y los cálculos que debieron realizarse, por lo que falta "poner a los abogados a escribir".
"Este proyecto de ley no es barato, porque el Fisco es un gran empleador y va a tener que poner muchas cotizaciones", dijo en relación a que la nueva medida utilizaría alrededor de 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) acumulado por año.
Por su parte, el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo a la radio T13 que la presidenta no habló de un cambio al sistema tradicional de pensiones, que permanecería "en su integridad".
Durante años, miles de chilenos han protestado para exigir al Estado la regulación e incluso la derogación de los fondos privados de pensiones, creados en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Se critica principalmente la escasa retribución a los cotizantes, pese a la alta rentabilidad de las compañías, y los cobros excesivos en comisiones a los afiliados que realizan las AFP.
