La autoridad aseguró que si no existe una querella de parte del SII, el Ministerio Público no puede iniciar una investigación.
"Hemos manifestado siempre nuestro desacuerdo con que esta facultad (de presentar acciones penales) no esté radicada en el Ministerio Público, ya que produce desigualdad de las personas ante la ley", enfatizó.
Agregó que "las investigaciones respecto al financiamiento de la política en aquellos casos en los que el SII ha presentado una denuncia con anterioridad, siguen adelante".
"La no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad, puesto que para los casos en que se decide no ejercer la acción penal la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con las instancias respectivas ante los tribunales superiores de justicia", explicó el director del SII, Fernando Barraza, en un comunicado.
Barraza afirmó que los involucrados en irregularidades "pueden ser investigados por el Ministerio Público por otros eventuales delitos".
El SII detalló además que entre los años 2014 y 2017 ha encabezado acciones tributarias por perjuicios fiscales que alcanzan a la fecha los 11.656 millones de pesos (unos 18 millones de dólares), de los cuales 4.139 millones de pesos (seis millones de dólares) corresponden a casos en que se han aplicado sanciones pecuniarias.
"Los delitos tributarios son faltas graves a la probidad, y su persecución penal no puede solo depender de organismos a los que muchas veces se intenta influir políticamente", declaró el director de la organización, Pablo Collada.
El fraude tributario del Grupo Penta, que comenzó a investigarse en 2013, consistió en la utilización indebida de boletas falsas de honorarios y facturas para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta.
El caso Penta se extendió a un grupo de empresas, una de ellas SQM, y están imputados varios dirigentes políticos por haber recibido de ellas aportes ilegales para sus campañas electorales.
En tanto, la empresa Corpesca es investigada para saber si hubo corrupción en la tramitación de la ley de pesca.
