"La captura de Duarte en Guatemala solamente alivia la presión del ruido mediático, pero no basta para resolver el fondo de la corrupción, que no es culpa de una sola persona sino que es un profundo problema sistémico", dijo Roldán, a cargo de las pesquisas de la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El hombre de 43 años y miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), condujo el estado petrolero de Veracruz entre 2010 y 2016.
Tras el arresto el sábado en un hotel turístico del Lago Atitlán de Guatemala, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "debe operar con fuerza para erradicar la corrupción de todo el sistema", que ha involucra a varios gobernadores de su partido, dijo el investigador.
"Hay instituciones muy vulnerables que permiten a los gobernadores cometer actos de corrupción multimillonarios", dijo Roldán.
Una red de empresas fantasma
Una investigación financiada por el MCCI y publicada en el portal Animal Político el 25 de mayo del año pasado, reveló que el Gobierno de Veracruz entregó a una red de empresas falsas 645 millones de pesos (unos 34 millones de dólares actuales), presupuestados como ayuda a damnificados.
"En ese lapso, un grupo de 21 empresas fantasma firmaron 73 contratos, para la adquisición de productos destinados a personas vulnerables", explicó Roldán, con base en documentos contractuales del Servicio de Administración Tributaria.
Esos fondos estaban supuestamente dirigidos a comprar cobijas, útiles escolares y zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de pobreza.
"Nuestra investigación mostró el modus operandi de Duarte a través de terceros, utilizando la identidad de personas que no sabían que sus datos eran utilizados en la creación formal pero ilegal de empresas, en las que aparecerían como propietarios y receptores de contratos en Veracruz", resumió Roldán.
Esas empresas recibieron casi 35 millones de dólares en dos años "a través de contratos para ayuda que nunca se entregó, por ejemplo láminas, despensas, material de limpieza para tormentas y otros desastres naturales".
Después de la publicación de esa investigación y meses antes del fin del mandato de Duarte, surgió la primera denuncia penal de la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, un juez federal emitió orden de arresto el 13 de octubre de 2016 en la causa penal número 97/2016, que acusó al exgobernador de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Entonces Duarte se fugó.
Masivas irregularidades
Roldán relató a esta agencia que en plena campaña presidencial de 2012, en el Aeropuerto de Toluca, funcionarios de la Tesorería de Veracruz trasladaban 25 millones de pesos en efectivo (más de un millón de dólares) en una avioneta.
Los funcionarios dijeron que el dinero era para pagar los festivales artísticos de Veracruz, como la Cumbre de Tajín, un sitio arqueológico prehispánico de ese estado.
"El uso de dinero en efectivo en el ejercicio del gasto público lo prohíbe la ley, pero a Vicente Benítez, entonces tesorero del gobierno Duarte, le devolvieron el dinero con intereses, porque la autoridad no encontró delito alguno cometido, y ahora es diputado local", dijo el investigador del MCCI.
El actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, quien al frente de una alianza opositora derrotó al PRI por primera vez desde su fundación en 1929, dijo que el dinero malversado sumaría hasta casi 2.600 millones de dólares actuales.
"La captura de Duarte debe sacudir a toda la estructura política de México, porque en la sociedad civil mexicana predomina la idea de que estos fondos malversados van a parar a los partidos políticos en campañas electorales y a sus líderes", puntualizó Roldán.
