"No puedo allanarme, hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría", dijo el exgobernante, quien fue detenido el 15 de abril en el pueblo turístico de Panajachel, 150 km al oeste de la capital guatemalteca, tras permanecer seis mese prófugo.
Duarte conoció los delitos imputados en su contra, además de una solicitud verbal de extradición, que la cancillería de México debe formalizar en 60 días, a partir del día de arresto, según tratados bilaterales.
Si Duarte decide apelar el pedido de extradición, el juicio podría demorar entre seis meses y un año, de acuerdo con la fiscalía mexicana, o un máximo de dos meses si decide aceptarla.
Este mecanismo fraudulento se habría repetido en 2014, cuando otros 26 millones de dólares fueron asignados a 19 "empresas fantasmas", según contratos.
Tras esa investigación, a mediados del año pasado surgió la primera denuncia penal de la secretaría federal de Finanzas, meses antes del fin de los seis años de mandato de Duarte.
Finalmente, en febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación, reveló que, entre 2011 y 2015, Duarte no comprobó el destino de unos 1.800 millones de dólares.
El político llegó al cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) que lo expulsó en octubre pasado, tras las acusaciones federales.
