"Podrían producirse manifestaciones públicas que se descontrolaran porque está subiendo el termómetro del malestar del pueblo, no solo por el asunto de la reelección presidencial, sino por las violaciones a los derechos humanos (que se cometen en Honduras), por el aumento de los asesinatos, por la falta de justicia y por los altos niveles de pobreza", dijo Zelaya a esta agencia.
En Honduras, donde la reelección presidencial está prohibida, la Corte Suprema de Justicia declaró en 2015 inaplicable el artículo 239 que establece esa prohibición, argumentando que viola derechos políticos.
Así, la Corte no alteró el texto constitucional, pero declaró inaplicable una parte de él.
El texto del artículo considerado inaplicable sostiene que "el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente de la República o Designado Presidencial".
El 31 de marzo en Paraguay manifestantes incendiaron el Congreso en rechazo a la forma irregular en que intentó aprobarse la reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial y un militante fue asesinado por la policía.
En Honduras no han ocurrido hechos similares porque el Gobierno "envió el decreto de la reelección a la Corte Suprema de Justicia", observó Zelaya.
"Si lo hubieran mandado al Congreso, habría pasado cualquier cosa", sostuvo el exmandatario.
En su opinión, el Gobierno de Hernández reglamentará ahora ese decreto y lo aprobará en el Consejo de Ministros.
Fallo "ilegal"
La sentencia de la Corte Suprema de Honduras, que declaró inaplicable el artículo que prohíbe la reelección ha servido como base al Tribunal Supremo Electoral para inscribir a Hernández como candidato oficial del gobernante Partido Nacional, explicó a Sputnik la abogada y exministra de Trabajo y Energía del Gobierno de Zelaya, Rixi Moncada.
"La sentencia es ilegal" pues "usurpa potestades que corresponden al poder soberano que reside en el pueblo" y quienes la han dictado y aplicado "incurren en responsabilidad penal que es imprescriptible", añadió Moncada.
La exministra considera que la reelección presidencial es una reforma que debe decidir el pueblo por la vía del referendo.
El 28 de junio de 2009 comandos especiales de las Fuerzas Armadas rodearon la casa del presidente por la noche, lo sacaron de la cama, lo llevaron en un transporte militar al aeropuerto y lo enviaron a Costa Rica.
De inmediato, tanto la Corte Suprema como el parlamento convalidaron el derrocamiento de Zelaya, argumentando que la Constitución hondureña era inmodificable pues contenía cláusulas "pétreas", entre ellas las que prohibían la reelección.
"Honduras no tiene ningún futuro bajo un Gobierno conservador, militarista y autoritario", y para que la situación cambie, "debe cambiar el Estado y el presidente", concluyó Zelaya.
La alianza opositora está formada por el Partido Libertad y Refundación, que lidera Zelaya, el Partido Anticorrupción, que preside Salvador Nasralla, y el Partido Innovación y Unidad, liderado por Guillermo Valle.
