"El Pleno del Senado de la República aprobó en votación nominal, con 90 votos a favor y cero en contra, la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", dijo De la Peña, quien presentó el dictamen a la Cámara Alta, largamente debatido.
La nueva ley establece "los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como sus sanciones, el régimen de distribución de competencias, y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal) para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos", dice el documento aprobado.
La legislación prevé además "medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas".
Enviado al ejecutivo para promulgación
Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, infirmó que, del año 2006 al 31 de diciembre de 2015, fueron registradas 4.404 quejas sobre trato cruel o degradante, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La secretaría de la Defensa Nacional es la que más número de quejas tiene, de acuerdo con la senadora.
Además, en el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países analizados, con mayor nivel de impunidad.
"La tortura y malos tratos son generalizados, y son relatados en distintos informes de carácter internacional", dijo la senadora Ortega Martínez.
Por su parte, en el debate final, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación (Interior), comentó que el combate a la tortura "es una de las mayores preocupaciones de las autoridades y de la sociedad".
Los cinco puntos trascendentales de la Ley, dijo, son, en primer lugar, que "enuncia como un principio normativo la prohibición absoluta de la tortura".
En segundo lugar, "armoniza las reglas de responsabilidad penal correspondientes a los superiores jerárquicos".
En tercero, "garantiza que los servidores públicos investigados no puedan interferir".
"Flexibiliza la regla para la procedencia de la investigación del delito", en cuarto lugar; y finalmente "excluye toda prueba obtenida a través de la tortura".
Con esta Ley, la investigación y persecución del delito de tortura en México "se llevará a cabo de oficio, y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objetivo de evitar que los años contribuyan a la impunidad", indica el documento legislativo enviado al presidente Enrique Peña Nieto.
Las reformas, adiciones y derogaciones afectan a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.