Anteriormente la PACE decidió reabrir el monitoreo de Turquía y pidió que Ankara levantara "cuanto antes" el estado de emergencia declarado tras el fallido golpe de Estado de julio pasado.
"Reduciremos nuestro aporte al presupuesto de la PACE, pagaremos el mínimo, ahora mismo estamos estudiando mandar o no nuestra delegación allí", dijo el canciller turco.
En la noche del 15 de julio de 2016, Turquía vivió una intentona golpista que dejó un saldo de más de 240 muertos y 2.000 heridos, además de provocar más de 30.000 detenciones y la destitución de unos 100.000 funcionarios.
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La relatora de la PACE sobre Turquía, Ingebjorg Godskesen, afirmó que lo ocurrido en el país después de la asonada fallida no responde a los criterios del Consejo de Europa, y criticó el referendo constitucional del 16 de abril, celebrado "en pleno estado de excepción", cuando existen limitaciones para los derechos y las libertades básicas.