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España califica de delito la compra de urnas para un referéndum en Cataluña

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MADRID (Sputnik) — La justicia actuará contra cualquier actuación destinada a facilitar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, afirmó el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en respuesta a las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo catalán se encuentra realizando trámites para adquirir urnas.

"Lo que hemos visto es el anuncio de un anuncio, pero si eso se traduce en hechos sin duda la Fiscalía intervendrá", dijo el ministro portavoz.

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La televisión pública catalana TV3 informó sobre la puesta en marcha por parte del Ejecutivo catalán de una licitación para la compra de 8.000 urnas de cara al citado referéndum.

Según TV3, en los próximos días se publicará en el Diario Oficial del Gobierno catalán el concurso público para que las empresas presenten sus ofertas en un plazo máximo de 15 días.

Lea más: La opción independentista ganaría en un referéndum unilateral en Cataluña

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El Ejecutivo autonómico tiene que comprar las urnas porque las que se utilizan habitualmente para las elecciones generales, autonómicas y municipales son de titularidad estatal y para este referéndum no podrían usarlas.

Según el Gobierno español, esta operación podría ser constitutiva de delito tanto por parte del Ejecutivo catalán como de las empresas sobre las que pueda recaer el contrato.

"El Tribunal Constitucional ya dijo con toda claridad en un auto del 14 de febrero que impediría la celebración de cualquier referéndum y vinculó esa prohibición tanto a los representantes políticos como a los funcionarios o las empresas que pudieran estar relacionados", recordó Méndez de Vigo.

El portavoz del Ejecutivo español realizó un "llamamiento a la cordura" ante la intención de Cataluña de realizar un referéndum antes de septiembre.

Más aquí: "Cataluña no tendrá elecciones anticipadas, pero sí un referéndum"

En su comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo afirmó que "los ciudadanos de Cataluña deben saber que el Gobierno español está dispuesto a negociar sin una fecha de caducidad" y a "abordar los problemas que realmente preocupan a los catalanes".

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