"Las posturas de la delegación de Brasil no reconocieron la grave situación de los derechos humanos en el país, ni tampoco los retrocesos inminentes ante algunas medidas legislativas en curso", señaló en un comunicado Amnistía Internacional.
Por su parte, asociaciones y especialistas en la materia lamentaron que la ministra lanzara esa promesa sin dar detalles de cómo se va a conseguir tal objetivo, ya que el país cuenta con 622.000 personas encarceladas, según datos del Ministerio de Justicia, y la cifra sigue en aumento.
"Esa promesa no dialoga con el tamaño de los desafíos del sistema carcelario; Brasil detiene a casi 40.000 personas al año, o sea que cuando se alcance la 'meta' anunciada, el país ya habrá encarcelado a otros 120.000", criticó la coordinadora del programa de Política Externa de Conectas, Camila Asano, en un comunicado.
Asano criticó la forma en que el Gobierno presentó sus compromisos al considerar que son "demagógicos", pues no hay nada que indique la política actual esté cambiando, sino al contrario, añadió.
La responsable de Conectas consideró además que el Plan Nacional de Seguridad que la ministra Valois calificó de "éxito" solo refuerza la militarización, y aseguró que una de las consecuencias de esta iniciativa es el encarcelamiento masivo de jóvenes pobres y negros que viven en las periferias.
Población indígena
Por otro lado, Valois aseguró en Ginebra que el Gobierno "repudia" la violencia contra los pueblos indígenas, pero las ONG aportan informaciones que ponen en entredicho la postura de la ministra.
El pasado mes de marzo una treintena de entidades brasileñas se puso en contacto con la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para alertar de al menos 13 medidas puestas en marcha por el Gobierno brasileño que violan compromisos internacionales relativos a los derechos de la población indígena.
Entre esas medidas figura la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 215, un cambio legislativo que haría que las competencias para demarcar las tierras indígenas pasen del Ejecutivo al Congreso Nacional.
"En general en Brasil hay una gran laguna entre el discurso de las autoridades, las leyes y los programas que existen y lo que se lleva a cabo en la práctica", remarcó la responsable de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Renata Neder, quien tampoco confía en los anuncios de la ministra Valois.
En su opinión, los compromisos asumidos por Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos en el proceso de Revisión Periódica Universal (RPU) "no pueden quedarse simplemente en el papel, como ocurrió mayoritariamente con las promesas asumidas en el último ciclo de 2012".
La RPU se aplica a todos los países miembros de la ONU de forma alterna cada cuatro años y medio.
Los países reciben las recomendaciones y presentan el resultado de las acciones realizadas para cumplir los compromisos asumidos en el ciclo anterior y dan respuesta a nuevas amenazas y violaciones surgidas en ese periodo.
