Margallo ya propuso en 2014, en la anterior consulta, aplicar por un día el artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno del Estado asumiera el mando de la policía catalana y les ordenara "requisar y destruir" las urnas de la consulta del 9N.
Su afirmación llega un día después de que la Generalitat haya iniciado los trámites para comprar urnas, para lo que destinará 200.000 euros.
Según García-Margallo, "la consulta se debería haber impedido, las papeletas y las urnas se estaban haciendo en una cárcel de Lleida".
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"Mi tesis fue pedir al Ejecutivo catalán la requisa y destrucción de urnas y papeletas y, si no hubiesen obedecido, poner a la policía catalana durante 24 horas a las órdenes del Ministerio del Interior. Simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional", expuso.
