"Hemos realizado una consulta a la Comisión Europea para conocer si considera que las modificaciones se ajustan a los criterios necesarios a la sentencia y la contestación fue recibida esta semana, trasladándose que el decreto ley cumple los requerimientos", explicó en rueda de prensa el ministro de Fomento, Íñigo Méndez de Vigo.
Actualmente, las empresas del sector deben participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y contratar a los trabajadores inscritos en dicha sociedad si quieren operar en los puertos españoles.
Según el Gobierno, su decreto ley se limita a dar cumplimiento a la sentencia y, además, establece un régimen transitorio de tres años para "facilitar la transición ordenada al nuevo sistema".
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) denunció este viernes a través de un comunicado que el Ejecutivo no consultó la aprobación del nuevo decreto ley ni con los sindicatos ni con la patronal.
Por ello, ante la imposibilidad de estudiar el nuevo texto por la actitud "autoritaria" del Gobierno, los estibadores anunciaron que, si sus postulados son como los recogidos en la norma que el Ejecutivo intentó aprobar en marzo, volverán a oponerse a su convalidación.
"Se trata de una norma que no protege la totalidad de los empleos ni la profesionalidad de la estiba (…) y que no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales", recordó la CETM sobre el anterior decreto ley del Gobierno, rechazado por el Congreso de los Diputados el 16 de marzo.
Los estibadores advirtieron que pondrán en marcha "acciones contundentes" como "el ejercicio del derecho a huelga" si el nuevo texto no garantiza la estabilidad en el empleo para los 6.000 trabajadores del sector.
Además, España afronta la posibilidad de recibir otra sanción de 134.107 euros diarios si el TJUE decide imponer una nueva ronda de multas por el incumplimiento de la sentencia.
El real decreto aprobado este viernes por el Gobierno tiene un plazo de 30 días para ser aprobado en el Congreso de los Diputados, una tarea que se antoja complicada sin el consentimiento de los trabajadores ya que la mayoría de grupos de la cámara anunció en repetidas ocasiones que su voto dependerá de la postura de los estibadores frente a la norma.
