"La responsabilidad última de las muertes de Javier, de Miroslava Breach (corresponsal del diario en Chihuahua, asesinada el 23 marzo pasado en Chihuahua) y de todos los informadores caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón (2006-2012) declaró una guerra irresponsable y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes", dijo el editorial principal del periódico.
Las autoridades "han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policíaco en un asunto de seguridad nacional y han sido omisas en la procuración e impartición de justicia", reprocha el editorial institucional del diario que dirige Carmen Lira.
"Si las autoridades no ponen fin a esta violencia enloquecida, si no se emprende un viraje en las políticas de seguridad pública vigentes, en lo sustancial, desde el calderonato (Felipe Calderón), y si este más reciente crimen no se esclarece conforme a derecho, se fortalecerá la percepción de que no hay autoridad alguna", señala el diario fundado en 1984 con una línea editorial crítica e independiente.
El periódico considera "imprecisa" la idea de que el autor de varios libros sobre el crimen organizado, como "Narcoperiodismo", "Huérfanos del Narco", "Los Morros (Niños) del Narco", "Miss narco" y "Con una granada en la boca", se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental.
"Y Javier hablaba de la realidad", resumió el diario sobre su obra.
"Fue ese proceso de desintegración lo que retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, a sabiendas de que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores", puntualizó.
Según toda evidencia de impunidad, "en las instancias de gobierno estatales y federales la determinación de hacer justicia es meramente declarativa", puntualizó el editorial.
Lea más: La Presidencia de Peña Nieto será la más sangrienta de México
México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer la profesión en América Latina: un total de 52 periodistas han sido asesinados desde 2010 y suman 122 comunicadores muertos desde el año 2000, según el recuento de la Sociedad Interamericana de Prensa.
