"La revelación de una conversación grabada clandestinamente trajo de vuelta el fantasma de la crisis política, de una proporción aún no dimensionada; por lo tanto, todo el inmenso esfuerzo por retirar al país de su mayor recesión puede volverse inútil", dijo Temer el jueves, avisando de la parálisis y subrayando al mismo tiempo que no pensaba dimitir.
Esa revelación puso a su Gobierno en una situación de inestabilidad que hará muy difícil gobernar.
Aliados en estampida
Algunos partidos aliados ya señalaron que abandonan el Gobierno, a pesar de que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), su principal apoyo, por el momento no rompió con Temer de forma total.
En cualquier caso, el mandatario ahora tendrá mucho más difícil encontrar los apoyos suficientes en el Congreso Nacional para sacar adelante sus reformas, sobre todo la del sistema de pensiones, el buque insignia de su política económica.
Para aprobar esta reforma, que establece por primera vez una edad mínima de jubilación (65 años para los hombres y 62 para las mujeres), es necesario modificar la Constitución, un cambio que exige una amplia mayoría parlamentaria.
Antes de la crisis desatada el miércoles, Temer ya carecía del apoyo suficiente de diputados, 308, puesto que muchos de ellos temían cargar en solitario con el desgaste de respaldar medidas muy impopulares.
Según una reciente encuesta de Datafolha, el 71 por ciento de los brasileños es contrario al actual texto de la reforma de las pensiones.
El presidente Temer inició en los últimos días una carrera a contrarreloj para convencer al máximo número de diputados, ofreciendo cargos, haciendo cambios de legisladores en la comisión parlamentaria que evalúa el borrador de la ley e incluso expulsando del Gobierno a quien no votó a favor de la reforma la semana pasada.
El mismo jueves en la agenda oficial de Temer constaban 18 reuniones con diputados para negociar esos apoyos, aunque esos encuentros acabaron cancelándose ante la dimensión del escándalo de las grabaciones.
Todos esos esfuerzos de Temer por aprobar sus reformas podrían ser en vano, ya que por el momento la tramitación de ambas se suspendió, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ante la gravedad de la crisis.
"Es hora de limpiar la casa, aclarar los hechos oscuros, responder con verdad a todas las dudas del pueblo brasileño, castigando a quien sea", remarcó en declaraciones a la prensa el relator de la reforma de las pensiones, Arthur Maia, ni bien estalló el escándalo.
Maia era el brazo de Temer en el Congreso, encargado de realizar los cambios necesarios en el texto y conseguir sumar el máximo de adhesiones, pero el diputado pertenece al Partido Popular Socialista, la primera formación que el jueves abandonó el Gobierno.
La tramitación de la reforma laboral estaba más adelantada porque no se necesita modificar la Constitución, pero puede correr la misma suerte, como dejó entrever el relator del texto en el Senado, Ricardo Ferraço, del conservador PSDB.
"La crisis institucional a la que nos estamos enfrentando es devastadora y necesitamos priorizar su solución", aseguró el senador, cuya formación se encuentra ahora sin presidente, después de que Aécio Neves fuera apartado por el Tribunal Supremo Federal por corrupción.
La reforma laboral pretendía flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios para estimular la contratación, pero los contrarios a la ley aseguraban que generaría más precariedad y una fuerte pérdida de derechos laborales.
"A la basura de la historia"
Entre las grandes medidas que sí consiguió sacar adelante, no sin fuerte contestación social, está la "ley del techo de gasto", aprobada en diciembre del año pasado con la bendición de los mercados financieros.
El Gobierno de Temer consiguió en ese momento modificar la Constitución para establecer que los gastos públicos queden congelados durante los próximos 20 años: en ese periodo el gasto del Estado solo podrá aumentar de acuerdo al porcentaje de inflación del año anterior.
