"Hay que suspender el decreto porque es ilegal, está completamente fuera de la Constitución; estamos en estado de sitio, con el Ejército alrededor de la Cámara agrediendo a la gente de ahí fuera", exclamó la diputada Jandira Feghali (Partido Comunista de Brasil) en un debate en el plenario de la Cámara de Diputados.
Pocos minutos antes el Gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión un decreto que "en garantía de la ley y el orden" en el Distrito Federal autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas durante una semana, desde el miércoles hasta el 31 de mayo.
La diputada del Partido Comunista no fue la única en expresar su repulsa a la decisión del Gobierno; el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de los Diputados, Carlos Zarattini, aseguró incluso que no recuerda haber vivido algo similar ni siquiera en la dictadura militar (1964-1985).
"No es un acto normal; ya habíamos visto cómo accionaban la Garantía de la Ley y el Orden en cárceles y en las favelas de Río de Janeiro, pero nunca lo habíamos visto para reprimir movimientos sociales", lamentó el legislador en su discurso en el plenario.
Las críticas a la decisión llegaron incluso desde el Poder Judicial: el magistrado del Tribunal Supremo Federal, Marco Aurélio Mello, evidenció su malestar cuando le comunicó la noticia a la presidenta del tribunal, Carmen Lúcia, cuando volvía de una pausa en las deliberaciones del día.
La crisis política iniciada en Brasil hace una semana es la más grave desde la redemocratización del país y se produce después de que una grabación presuntamente evidenciara que el presidente Temer cometió un delito de obstrucción a la Justicia.
El mandatario, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, habría dado su visto bueno a la entrega de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso en la cárcel por corrupción.
