"Hacemos un pedido a las autoridades uruguayas para que los abogados de los distintos ciudadanos puedan peticionar y recibir información y documentación de parte del Estado porque aún es posible presentar pruebas o testigos nuevos", dijo a Sputnik el argentino Jorge Ithurburu, presidente de la asociación 24 de Marzo de Italia, que sigue las causas de derechos humanos y ha proporcionado asistencia legal gratuita a familiares de las víctimas.
Ithurburu participó de una mesa redonda en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay en Montevideo junto a dos abogados italianos, Arturo Salerni y Mario Angelelli, que defienden a varias familias de Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia.
Los representantes de la organización estuvieron primero en Argentina, ahora en Uruguay y visitarán Bolivia para explicar los alcances de la sentencia de la justicia italiana emitida en enero en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Ithurburu dijo a Sputnik que están tratando de encontrarse con los familiares "y explicar la sentencia y crear nuevas conexiones, nuevos ambientes de diálogo para buscar nuevas pruebas porque hay un año para presentarlas".
En Uruguay se reunieron con representantes de la central de trabajadores PIT-CNT, con instituciones de derechos humanos y con Stella González, directora de asuntos internos del Ministerio del Interior.
En enero la III Corte Penal del Tribunal de la capital italiana condenó a cadena perpetua a ocho represores sudamericanos, entre ellos al excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
Pero la sentencia absolvió a 19 imputados por crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentan 13 militares uruguayos.
