"La fiscalía de Brasil acordó que las autoridades de los países donde Odebrecht pagó sobornos, incluido México, que reciban expedientes judiciales, no podrán usar la información contra los autores del esquema más grande de corrupción en América Latina", dijo Lizarra, quien forma parte del grupo expertos independientes que esperaban los datos para este jueves 1 de junio.
Lizárraga investigó con una red de periodistas latinoamericanos en Brasil los documentos judiciales de la trama de Odebrecht para pagar 10,5 millones de dólares en sobornos en México.
Los investigadores de MCCI han solicitado formalmente "que al amparo de la reserva se entregue esta información" por parte de la fiscalía de Brasil, pero la decisión también limitará la divulgación de la información.
"Brasil ha puesto candados sobre el mayor caso de corrupción que se haya conocido en América Latina", lamentó Lizárraga.
Imponer un carácter confidencial a la información "es una decisión que impide el avance de las justicias en los países donde Odebrecht operó ilegalmente", dijo Lizárraga, autor de la investigación sobre la llamada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.
Límites a la cooperación internacional
"No sabemos qué posición va tomar cada país, en México, hasta este miércoles no ha habido comunicación de la PGR sobre el acuerdo de cooperación", anunciado la noche del lunes, dijo Lizárraga.
La decisión de Brasil "afecta el acuerdo de cooperación firmado con todas las procuradurías latinoamericanas para la cooperación internacional", explicó el periodista.
La Procuraduría General de Brasil anunció que los archivos que estaban por liberarse en las primeras horas de junio solo serán entregados a los países "que se comprometan a no actuar judicialmente en contra del propio consorcio y sus directivos", aun cuando esas personas repartieron 439 millones de dólares en sobornos en una docena de países.
En diciembre del 2016, un grupo de exdirectivos de Odebrecht confesó ante una corte en EEUU que en México entregaron 10,5 millones de dólares a cambio de contratos para obras públicas entre los años 2010 y 2014.
Una filtración desde Brasil evidenció en abril un testimonio en el cual se acusó al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, timonel de la petrolera estatal mexicana de diciembre de 2012 a febrero de 2016, de haber pedido presuntamente una "mordida" (soborno) de cinco millones de dólares, según la investigación de MCCI.
Se trató de una confesión de Hilberto Mascarenhas, conocido como “Tío Bel”, quien fuera el encargado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que se encargaba de coordinar la entrega de sobornos en América Latina.
Para este jueves se esperaba que la fiscalía de Brasil entregara la información que tiene en su poder sobre los sobornos en Perú, Argentina, Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y México, así como en Mozambique y Angola.
Pero el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio a las fiscalías de cada país para informar que había solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) que se mantuvieran bajo reserva “todas las pruebas” obtenidas mediante los acuerdos de colaboración premiada con Odebrecht y sus ejecutivos, aun cuando hubiera de por medio pedidos de cooperación internacional.
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La información solo podrá ser enviada a los países que firmen acuerdos similares con Odebrecht y sus delatores, con el compromiso de "no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes, contra ellos (Odebrecht y sus directivos), ya sea en el ámbito civil o penal”, dice el acuerdo.
