"Desde el año 2007 se han producido avances en Guatemala, se ha demostrado que cualquier persona está sujeta a la ley, sin importar qué poder tenga, ya sea político o económico", señaló Escobar, coordinadora del departamento de análisis jurídico de la ASIES.
Desde entonces la CICIG ha liderado el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia, así como la persecución de sus responsables.
En opinión de Escobar, el hecho de que el pasado viernes la justicia enviara a juicio al hijo del presidente, José Manuel Morales, y a su hermano, Samuel Everardo Morales, por el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad, significa un "duro golpe" para el mandatario.
"Va a afectar la imagen del presidente, moral y personalmente (…) pero hemos visto que ha sido respetuoso y se ha limitado a no acompañarlos a los tribunales y audiencias para dar a entender que no hay tráfico de influencias", añadió.
Los dos familiares del presidente estarían implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad en 2013 por valor de unos 26.500 dólares, informó el diario local Prensa Libre.
Ambos están acusados de presentar facturas de actividades simuladas para recibir fondos del Estado, como ocurrió por ejemplo con un desayuno para casi 600 personas que nunca se llevó a cabo.
