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Padres de 43 desaparecidos exigen a fiscalía de México resultados finales de investigación

© REUTERS / Carlos JassoProtestas en México
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos desde septiembre de 2014, exigieron a la fiscalía general de ese país que la investigación culmine el próximo mes de agosto, dijo a Sputnik el abogado Christian Campos, defensor de las familias de las víctimas.

"Han pasado más de dos años y seis meses, las autoridades de la fiscalía deben terminar el cumplimiento de cuatro líneas principales de investigación el 15 de agosto de este año", indicó.

La fiscalía federal entregó el miércoles a los padres un cronograma de nueve investigaciones que serán finalizadas entre julio y octubre de este año.

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La entrega del cronograma se realizó durante una reunión celebrada en la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), donde los padres se manifestaron exigiendo justicia con carteles que rezaban "Nos faltan 43".

"Emplazamos a las autoridades a que entreguen los resultados esa fecha (agosto), porque el cronograma de las autoridades de las nuevas indagaciones termina en octubre", relató Campos, portavoz del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan de Guerrero (sur), organismo que defiende a los padres y madres de los desaparecidos.

Familiares y abogados de las víctimas exigen "un avance contundente con respecto a las cuatro líneas de investigación que apuntan hacia el Ejército y altos mandos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)", entregadas por la misión interdisciplinaria de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el abogado.

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"Ya no se puede justificar la dilación de la entrega del resultado final de las investigaciones", enfatizó.

El equipo de abogados considera que el plazo ofrecido para terminar esas investigaciones en octubre "es demasiado tiempo", cuando faltará casi un año para que termine el mandato de seis años del presidente Enrique Peña Nieto.

Ejército y fiscalía en la mira

La fiscalía ofreció terminar en octubre nueve carpetas de pesquisas sobre el ataque contra cinco autobuses repletos de alumnos que viajaban a conmemorar un aniversario de la masacre de estudiantes universitarios en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México, perpetrada en 1968.

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El ataque a balazos fue ejecutado por policías y narcotraficantes confabulados en patrullas policiales y camiones en la ciudad de Iguala, Guerrero (220 km al sur de la capital), y dejó 6 personas muertas, 25 heridas y 43 alumnos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos.

Los familiares resumen esas nueve carpetas en cuatro líneas de investigación.

"La primera es la presunta participación del Ejército, por comisión u omisión", explicó Campos.

La segunda línea "es la detención e investigación de los policías del municipio de Huitzuco, vecino de la ciudad de Iguala, Guerrero".

Al menos 25 estudiantes desaparecidos fueron llevados a ese municipio por agentes de las policías federal, municipal y ministerial, según videos revelados por la CIDH.

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La tercera pista es "el resultado final de las investigaciones de los historiales de los teléfonos celulares de los estudiantes, que emitieron señales después de los ataques, y uno de los lugares de geolocalización fue detectado en la sede del batallón de Infantería de Iguala", aseguró Campos.

Finalmente la cuarta pista apunta al director de la AIC, Tomás Zerón —quien dejó el cargo y ahora integra la Comisión Nacional de Seguridad-, "para que sea sancionado por la manipulación de la escena del crimen y torturas a detenidos".

Según los abogados una hipótesis general es "el trasiego de drogas de Iguala a Chicago (EEUU), como móvil de la agresión a los autobuses que los jóvenes ocuparon para hacer el viaje desde la escuela de Ayotzinapa".

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Uno de los detenidos fue sacado de un centro federal y llevado en helicóptero a la vera del río San Juan, donde se encontraron restos calcinados que solo permitieron hasta ahora identificar plenamente a uno de los 43 estudiantes en un laboratorio de genética forense de Innsbruck, Austria.

Vidulfo Rosales, principal abogado del Centro Tlachinollan (nombre náhuatl del antiguo reino prehispánico de las montañas de Guerrero), dijo en conferencia de prensa al final de la reunión que "los padres de familia hicieron un emplazamiento a la PGR para que todos los resultados se puedan entregar en la primera y segunda semana del mes de agosto y no en octubre", puntualizó.

Según datos de la Secretaria de Gobernación, desde diciembre de 2012, cuando asumió el presidente Peña Nieto, fueron secuestradas 5.692 personas, aunque varias organizaciones sostienen que la cifra es aún mayor debido a la cantidad de casos que no se denuncian por temor a represalias.

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