Gobierno de Colombia y líderes de paro en Buenaventura se reúnen en busca de soluciones

"Inicia mesa de negociación en Procuraduría General para dar solución al paro civil de Buenaventura", escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Pese a movilizar el 67% de la mercancía que llega al interior del país, Buenaventura es uno de los municipios más pobres de Colombia y con mayores índices de violencia por cuenta de los grupos armados que tienen presencia en la región, lo que llevó a sus habitantes a impulsar un paro para pedir medidas proteccionistas al Gobierno, entre ellas la construcción de hospitales, escuelas y acueductos.

La tensión en el puerto se mantiene desde el pasado 11 de mayo, cuando iniciaron las protestas, y ha derivado ya en manifestaciones violentas y enfrentamientos entre la comunidad y la policía.

En la madrugada y la mañana del 2 de junio cuatro camiones fueron quemados y al menos quince vehículos más resulaton averiados por manifestantes, según información que publicaron las emisoras locales Caracol Radio y Blu Radio.

"El primero de los automotores fue atacado (…) en plena zona urbana de la población del Pacífico (…) y quedó completamente calcinado", mientras que a los otros tres camiones que permanecían estacionados en un parqueadero "les fue arrojado un artefacto incendiario", indicó Caracol Radio.

Los ataques contra los vehículos de carga se presentaron pese a que los líderes del paro anunciaron un corredor humanitario entre el jueves y el sábado para permitir la movilización de víveres y mercancía, por lo que algunos sectores señalan que los promotores de la protesta no tienen el control de la misma y que la delincuencia común se aprovecha de la crisis.

De acuerdo con las autoridades, esta mañana quince camiones ingresaron a Buenaventura y 40 más salieron del municipio, por lo que la policía ha escoltado a las caravanas y dispersado a los manifestantes con balas de goma para evitar ataques a los vehículos, lo que ha generado enfrentamientos.

Llamado de atención

Mediante una carta publicada en la víspera, el director para Latinoamérica de Humans Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió al Gobierno de Juan Manuel Santos "limitar el uso de fuerza del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios, de la Policía) y tomar medidas serias para paliar la situación en Buenaventura".

Vivanco aseguró que "a la población de Buenaventura le sobran motivos para protestar", ya que "por años ha padecido altísimas tasas de pobreza y desempleo y abusos generalizados de grupos armados".

Por último, solicitó al Gobierno "asegurar que las fuerzas de seguridad ejerzan la moderación y un uso proporcionado de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos".

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Buenaventura, las pérdidas económicas como consecuencia del paro superan ya los 150.000 millones de pesos (unos 51,3 millones de dólares).