Activista: en Uruguay hace falta una ley nacional de Bioseguridad

"En Uruguay faltan herramientas jurídicas como una ley nacional de bioseguridad" y además "podrían hacer falta normas más específicas y actualizadas sobre temas de transgénicos, agroquímicos, sobre fumigaciones", indicó Mirande, integrante del Colectivo TÁ, del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (Udelar).

El abogado explicó que en Uruguay, a diferencia de otros países, todavía no se han implementado muchas herramientas jurídicas "que deberían implementarse, por ejemplo, según un decreto en 2008 se estableció que en un cierto plazo debía sancionarse una ley nacional de bioseguridad, y la ley hasta ahora no se ha sancionado".

El objetivo de esta ley era regular todo lo referente a "biotecnología, bioseguridad, información que debe brindarse y cómo debe brindarse esa información, cómo tienen que ser las etapas para que se apruebe un evento transgénico, las garantías del debido proceso, tanto para la empresa que presenta su solicitud para presentar un transgénico, como también para la otra parte interesada que es toda la población", comentó el activista.

Principio de precaución

Si bien en Uruguay podrían actualizarse las leyes referidas a fumigaciones y eventos transgénicos, Mirande aclaró que con las normas que ya existen en este país ya hay herramientas como para tomar decisiones.

El abogado también integrante del Núcleo de Derecho Civil de la Udelar, puso como por ejemplo el principio de precaución que "establece que por más de que no haya una certeza científica absoluta sobre la posible dañosidad de una actividad eso no es un obstáculo para tomar medidas preventivas", afirmó el abogado.

Esto se realiza para ganar tiempo y avanzar en las investigaciones y es denominado "moratoria" y permite que se pueda llegar a conclusiones más seguras acerca de si este hecho es perjudicial o no.

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Además, informó que existe otra vía de acción que son las llamadas "decisiones judiciales", que se toman en el caso de que alguien plantee una acción legal, pero en Uruguay en particular se realizan muy pocas, en comparación con Argentina, donde es más avanzada la legislación y la jurisprudencia, en lo referido a Derecho Ambiental.

"No es una falencia del poder judicial uruguayo, sino que más bien que se deben plantear más acciones judiciales, si existe más información en Uruguay sería bueno que surjan acciones más generales de ciudadanos o de organizaciones que se presenten a pedirle al Poder Judicial que tomen este tipo de medidas judiciales", concluyó el activista.

Peticines por Internet

El pasado 2 de junio se presentó en Uruguay una petición firmada por casi 5.500 personas y realizada en la plataforma Change.org para informar a la población acerca de que el Gobierno está evaluando la introducción al país de tres nuevos transgénicos (dos para comercialización y uno para investigación).

En Uruguay existen 15 eventos transgénicos autorizados para uso comercial, pero desde 2012 no se aprueba ningún nuevo evento.

Esta petición fue creada por Mirande para expresar el rechazo de "los firmantes (…) expresamente a la autorización de nuevos cultivos y/o eventos transgénicos para liberación comercial en Uruguay, y solicitan que se rechace dicha autorización", según el texto presentado.

Sin información

El organismo estatal que decide que elementos transgénicos se permiten, Gabinete de Bioseguridad, abrió su etapa de consulta a la ciudadanía para que exprese su opinión acerca de este tema.

"Lo fundamental es la información que hay disponible sobre el tema, cómo les llega esa información a las personas, va más allá de si los transgénicos son buenos o malos, eso son conclusiones científicas, el objetivo de la petición es informar a la gente" afirmó Mirande.

El plazo brindado por el Gabinete de Bioseguridad para que la población pueda informarse y expresar una opinión al respecto de lo consultado es de 30 días y además, las observaciones que realice la población no son vinculantes, es decir que el Gabinete no tiene por qué tomarlas en cuenta.

Desde el punto de vista jurídico, el activista comenta que podría criticarse la forma que tiene el decreto de convocar a la opinión pública, debido a que no es efectiva porque el plazo brindado es muy corto.

Además, afirma que también se podría mejorar la difusión de las consultas, en este caso por ejemplo, la consulta pública se realizó a través de la web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de la del Gabinete Nacional de Bioseguridad, pero solo se enteraron las personas que entraron a esas páginas.

"La información tiene que ir a la población y no al revés, como pasa con este decreto, a pesar de que la estructura establece que haya medios de información, en principio no son efectivos, es decir, a pesar de estar formalmente previstos, no cumplen su cometido", expresó el abogado.

Herbicidas y paquete tecnológico

Mirande considera que el tema de las fumigaciones es un tema "más delicado", debido a que el tema de si los alimentos transgénicos son nocivos para la salud humana y ambiental se encuentra en debate científico, pero respecto a los agroquímicos que se aplican a estos cultivos, el glifosato, entre otros herbicidas, y que conforman junto a la semilla algo llamado "paquete tecnológico" no se cuestionan.

"Este tema es más peligroso porque el glifosato fue catalogado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 2015 como una sustancia probablemente cancerígena, entonces en este tema sí hay una falencia normativa en Uruguay", afirma el abogado.

Además, el profesor afirmó que al momento de evaluar y de gestionar los riesgos sobre los alimentos o los cultivos transgénicos debería evaluarse "el paquete tecnológico en su conjunto".

El Gabinete de Bioseguridad está conformado por representantes de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Salud Pública; de Economía y Finanzas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Relaciones Exteriores y de Industria, Energía y Minería.